Un negocio hostelero de la Comunitat Valenciana. EFELa resolución aprobada por Sanitat Universal ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos de hostelería y restauración de la Comunidad Valenciana" y el hecho de que el TSJCV haya admitido a trámite el recurso supone "un balón de oxígeno para los hosteleros ya que existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco".
Para Fidel Molina la concesión de la medida cautelar es fundamental para evitar "graves y perjudiciales consecuencias para los administrados". El líder de los hosteleros valencianos considera que la Consejera de Sanidad "no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales". Según la demanda presentada por SOS Hostelería, "estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna".
En opinión de Fidel Molina, la disposición impugnada "afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". La demanda que presentó SOS Hostelería a través de Romero & Llodrá, señala que "el concienzudo informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia COVID-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la Resolución ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales".
Los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución "carece de justificación, no siendo ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad". En relación al impacto de la situación sanitaria en la actividad económica y social en la Comunidad Valenciana, de los informes técnicos a los que hace referencia la "Resolución", se desprende que el origen del incremento en los contagios en las últimas semanas deriva principalmente de contagios producidos en el ámbito social o familiar en reuniones como las llevadas a cabo con motivo de las últimas fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares.
En este sentido, Fidel Molina argumenta que "ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería en nuestra Comunidad. Máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo", ha señalado Molina.
En opinión de los hosteleros, "la imposición del cierre de la actividad hostelera supone la privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de empresa, a un sector tan amplio y significativo en nuestra Comunidad como son la restauración y la hostelería, por lo que, teniendo en cuenta el carácter extraordinario y especial que supone el cierre total de empresas y la suspensión de éstas actividades, así como las implicaciones que las medidas suponen, desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico, la Resolución debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas", ha concluído Molina.
