EP
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha desestimado de forma parcial el recurso del PP contra la
decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en
Madrid, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia en cuanto a la parte que implica a altos cargos la Generalitat
Valenciana, entre ellos Francisco Camps.
Con esta decisión,
los magistrados del TSJM Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández
Castro y José Manuel Suárez Robledano confirman la decisión del juez
Pedreira de remitir la causa al Alto Tribunal valenciano, quien deberá
decidir si asume o no la causa penal relativa a los aforados
valencianos. En el caso de que no, se crearía un conflicto de
competencias que llegaría al Tribunal Supremo.
En un auto,
al que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Civil Y Penal confirma
"la inhibición acordada" y ratifica que el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia es "la única competente para acordar sobre la relevancia
penal de los hechos objeto de la inhibición".
Los
magistrados esgrimen que "la concurrencia o condición de aforados de
algunas de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia
delictiva resulta determinante de la inhibición parcial acordada
respecto de ellos, sin perjuicio de que su relevancia penal sea de la
exclusiva competencia de los órganos judiciales valencianos".
Recalcan que el TSJ de Valencia "resolverá sobre la admisión de la
imputación realizada, sobre la conexidad o no con las actuaciones ya
pendientes ante el Instructor por ella designado en su día, y, en
definitiva, sobre todo lo atinente al objeto al que alcanza la
inhibición acordada, pues tiene plena competencia jurisdiccional sobre
los hechos relatados en las actuaciones objeto de la misma".
En el recurso, el PP solicitó que se rechazara la inhibición "por no
estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la
participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps,
el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de
gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los
hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la
causa valenciana".
Indicios delictivos
En el auto impugnado, el magistrado apreció indicios de delitos
electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad
Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la
contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y
cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de
Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda
Pública y de falsedad documental.
El juez también advirtió
de que de los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros
hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito
electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.
Asimismo, destacó en el auto las numerosas irregularidades en la
contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la
Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían
ser constitutivas de delitos de prevaricación.
En concreto,
el juez reclamó a Valencia la acumulación de los delitos electorales
sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo
de 2007. Esgrimió que estos delitos están vinculados con el pago de
servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña
electoral de los citados comicios.
"La deuda que el citado
partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma
opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni
declaración tributaria", señaló el juez en la resolución que fue
impugnada por el PP. "Esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos,
345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el
abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades", añadió.
"Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes
entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios
obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir
donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto
cancelan una deuda de éste", agregó.
"Estos pagos no habrán
sido reflejados en las cuentas formuladas por el PP de la Comunidad
Valenciana, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron
efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el
PPCV", agregó. Así, aseguró que Ricardo Costa y Vicente Rambla eran los
gestores del pago de la totalidad de la deuda del PPCV con Orange
Market, según la documentación intervenida.
Irregularidades en contratación y cohecho propio
En
el auto, el juez solicitó la acumulación al TSJCV por causa de
conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública
cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración
valenciana. En concreto, el juez aludió a un informe de la unidad de
auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto
diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes
intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue
en Valencia.
Indicó que las irregularidades detectadas por
la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en
los procesos administrativos de contratación por parte de diversas
consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la
intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo
de dar el Gabinete del Presidente.
"Por ello, el delito de
cohecho que se investiga en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos
casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal -cohecho
impropio-, sino tipificado en los artículos 425, 419 o 420 --cohecho
propio-- del mismo texto legal", recogió el auto.
En este
punto, el juez se refirió a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010
que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación,
contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la
Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en
estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los
regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento
tramitado ante el TSJ de Valencia.
Plantea comprobar la relación entre los regalos y Camps
Según
el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la
documentación hallada en los registros practicados y en la documentación
remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina
una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la
atribución de la competencia".
Así, el juez resaltó que "la
correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados
en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con
la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como
con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar
la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento
tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y
en la Generalitat valenciana Rafael Betoret --ex jefe de gabinete de la
consejería de Turismo--; Víctor Campos --ex vicepresidente del Consejo
de la Generalidad--; Ricardo Costa --ex secretario general del PP y
diputado regional de Valencia-- y Francisco Camps, presidente de la
Generalitat".
