La España democrática actual, nacida de la Constitución de 1978, está configurada como un Estado sumamente descentralizado, y con una estructura administrativa en la que las diversas instituciones públicas de todas las naturalezas conviven en base a un reparto competencial que dicta qué servicios son los que corresponde sean prestados por cada una de estas administraciones.
Durante los últimos 40 años, nuestro país ha ido evolucionando, modernizándose y adaptándose a las nuevas necesidades. En este sentido, el Estado ha ido cediendo competencias a las autonomías, como la gestión de la sanidad la educación o la justicia, buscando el siempre difícil equilibrio entre la eficiencia y la correcta prestación de cada uno de estos servicios.
Como es lógico, este reparto competencial merece opiniones para todos los gustos. Por un lado, existe una corriente que cree fervientemente que el único modelo de de organización eficaz para el país es el Estado Centralizado, en el cual todas las competencias residen en el gobierno de la nación, en Madrid. Por otro lado, aún resisten los partidarios de la descentralización del gobierno y la cesión de competencias a las comunidades autónomas.
En mi caso, sin ninguna duda me encontraría entre los que abogan por una gestión abierta y por la cesión de competencias. Creo que con todos sus errores e imperfecciones, el Estado Autonómico ha conseguido ampliar el margen de mejora en la prestación de servicios básicos como la educación o la sanidad.
Y aún iría más lejos. Estoy convencido de que el camino de la descentralización de las competencias no se debe detener en las autonomías. Creo que ha llegado el momento de que nos planteemos como país el inicio de un segundo proceso de cesión de competencias a las instituciones más cercanas a la ciudadanía: los entes comarcales, como por ejemplo son las Mancomunidades, y por supuesto los ayuntamientos.
Desde mi propia experiencia como concejal y como alcalde del Ayuntamiento de Aldaia, puedo decir sin ningún miedo a equivocarme que las administraciones locales son, con diferencia, los organismos que mejor pueden prestar a la ciudadanía servicios como la atención básica a las personas, los servicios sociales, culturales y deportivos, incluso algún tipo de infraestructuras, siempre a escala municipal, claro está.
Y esto es así por unos motivos obvios y de sobra conocidos. La administración local y la política local son las únicas que conocen las necesidades de los vecinos y vecinas de primera mano. Porque las comparten cada día. Porque la proximidad aquí es garantía de empatía. Porque en muchos casos esos gestores son vecinos de esos mismos pueblos y ciudades, y por tanto padecen los problemas y sienten las necesidades de sus conciudadanos como propias. Hay que reivindicar el valor de la proximidad en la gestión política. Porque solo desde la proximidad, los problemas, las alegrías y las necesidades, tienen nombre, cara y ojos.
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Guillermo Luján. EPDA
