Toni Gaspar con Jorge Rodríguez en un acto. EPDAEsta tarde han pasado a disposición judicial los seis detenidos, entre ellos, el que era el Presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, hasta su cese anoche y los otros cinco detenidos que han salido libres con cargos; pero siguen investigados por prevaricación y malversación ante las presuntas irregularidades en los contratos a altos cargo de la empresa pública Divalterra. Los seis detenidos se han acogido al derecho a no declarar ante el instructor esta tarde, al llegar a la Ciudad de la Justicia de Valencia este jueves para pasar a disposición judicial a partir de las 16.00 horas.
No obstante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, deberán comparecer de nuevo en el Juzgado de Instrucción número 9 si son requeridos, ya que siguen investigados en la causa.
El PSPV ha destituido al presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, tras su detención esta mañana por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado su destitución como presidente de la Corporación provincial y de todos los cargos que ostenta en el partido. Y como sustituto, Ximo Puig ha propuesto a la ejecutiva del partido al vicepresidente de la Diputació, el alcalde de Faura, Toni Gaspar, para hacerse cargo de la presidencia de la Corporación provincial.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, el secretario del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda y Manuel Reguart, asesor del presidente de la entidad provincial. En la operación también han sido arrestados los dos gerentes de Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines, nombrados por el PSPV-PSOE y Compromís, respectivamente.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
Se investigan
irregularidades en la contratación de personal de alta
dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. En concreto, la contratación de siete altos cargos sin pasar por el consejo de administración.
En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent (La Vall d'Albaida), y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa).
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La investigación sigue abierta.
