Momento del juicio por la pieza principal del caso Emarsa por el desvÃo de más de 20 millones de euros de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (València). EFELos diez principales condenados en el caso Emarsa, aquellos con las penas de prisión más alta, ya han ingresado en diversos centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana o provincias limÃtrofes, según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias.
El primero en entrar en prisión fue el empresario Daniel Calzada (condenado a 4,5 años), lo hizo el pasado 29 de enero en el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia), el mismo que ha elegido la mayor parte de procesados.
El 7 de noviembre ingresó en la prisión de Teruel el exjefe de departamento de la empresa pública Epsar Ignacio Bernácer, cuya condena fue reducida a tres años y seis meses por haber confesado su actividad delictiva.
Dos dÃas después, el 9 de noviembre, lo hacÃa en el mismo centro turolense el exresponsable de Informática de la empresa pública Emarsa, Sebastián GarcÃa, para cumplir con la pena de seis años y medio.
El pasado domingo, dÃa 15, quedó internado en la prisión de Picassent el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, para cumplir una condena de 10 años.
El resto de los procesados apuró al máximo el plazo legal establecido por la Audiencia Provincial para ingresar en prisión, y no lo hizo hasta este lunes.
Se trata del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, condenado a la mayor pena (12,5 años) que cumplirá en Picassent, el ex alto cargo de la Epsar Juan José Morenilla (9 años), que ingresó en Murcia 2, y el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal (8,5 años), en Picassent.
Los empresarios Enrique Sena (6 años) y Vicente Ros (6,5 años) eligieron el centro penitenciario de Teruel, mientras que el empresario y exconcejal del PP de València Juan Carlos Gimeno (4,5 años) se internó en el de Picassent.
Según la sentencia, los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo articularon "un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvÃo de 23,5 millones de euros de dinero público" entre 2004 y 2010.
"Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado", añade la sentencia.
