¡España, de nuevo, en el Tribunal de Justicia Europeo!

El pasado 7 de junio la ciudadanía de este país aún estaba conmocionada por el resultado de la moción de censura, por la elección del socialista Pedro Sánchez como presidente de la nación, por el nombramiento de las ministras y ministros de su nuevo gobierno. Todos los focos y energías centrados en "informar" sobre los pormenores del hito histórico que supone la configuración y características del nuevo consejo de ministras y ministros.

Otra noticia pasaba desapercibida: La Comisión Europea el 7 de junio decidía remitir a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber cumplido con su obligación de establecer y revisar sus respectivos planes de gestión de residuos, siguiendo los requisitos de la directiva marco sobre residuos.

La normativa se aprobó en noviembre de 2008, tuvimos hasta el 12 de diciembre de 2010 para establecer los planes necesarios para cubrir todo el territorio nacional, se deberían haber evaluado y revisado al menos cada seis años. Por tanto la denuncia no puede ser considerada ni "excesivamente rigurosa", ni "precipitada". La Comisión ha pedido una y otra vez al Estado Español que cumpla sus obligaciones. Recibimos la correspondiente notificación formal de los reiterados incumplimientos en noviembre del 2016, y finalmente un dictamen motivado en julio de 2017 donde se nos daba un plazo de dos meses para que España actuara (de todos es sabido que "actuar" no era el fuerte del señor Rajoy). En ese mismo dictamen se denunciaba que no se había incorporado a la legislación nacional la Directiva sobre las bolsas de plástico (esta situación ya la denunciábamos en un artículo anterior).

España se encuentra entre los países más rezagados en materia de gestión de residuos, hablando en plata, el horizonte del 2020 y los objetivos que exige, nos caerá encima si no hay una acción decidida por parte del gobierno de la nación, con la necesaria colaboración de los respectivos gobiernos autonómicos. Bruselas sitúa a España junto a países como Chipre, Hungría, Malta, Eslovenia…, porque nos movemos en porcentajes por encima del 60% de vertido y alcanzamos un porcentaje muy bajo, del 30%, en reciclaje.

Esperemos que el nuevo gobierno que se ha conformado, con una mayor impronta europea, y mayor concienciación medioambiental, coja de forma decidida las riendas de este "pollo sin cabeza" y establezca sensatez y determinación para encauzar la gestión de residuos que nos exige la Unión Europea.

Como he señalado en otras ocasiones o actuamos de forma decidida, o estamos condenados al fracaso… ¡Y el fracaso se paga en euros…!