Sanidad plantea que las limitaciones a la movilidad entre regiones se mantengan hasta después de la Semana Santa, ante el temor de que una desescalada excesivamente rápida pueda dar inicio a una cuarta ola en las próximas semanas. Semana Santa perdida en lo religioso, pero también en lo turístico y todo lo que lleva aparejado con el descanso, la desconexión y el ocio.
El departamento que dirige Carolina Darias trabaja con las autonomías en un plan de acción común, cuya preparación continuará hoy miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, con la cuestionada flexibilización de las restricciones para las fiestas de Navidad muy presente.
A pesar de que la tendencia de los datos sigue siendo favorable, los técnicos de Sanidad recalcan que es necesario controlar al máximo la transmisión del virus y coger ritmo en el proceso de vacunación. En las últimas 24 horas se han confirmado 2.662 casos, 1.058 de ellos en Madrid, y se han notificado 192 muertes.
El número total de contagios se sitúa en 3.130.184, 73.347 menos que ayer por un ajuste estadístico tras eliminar Cataluña una serie de casos duplicados, y el de muertos asciende a 69.801, 686 en los últimos siete días.
11.246 personas siguen hospitalizadas (508 menos que hace una semana), las ucis se encuentran con una ocupación del 26,99 %, en cifras similares al pico de la segunda ola en noviembre, y la incidencia acumulada sigue bajando y es de 168,4.
Desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que el objetivo es bajar de los 50 casos por 100.000 habitantes en 14 días y dejar atrás la tercera ola, cuyos efectos sobre la economía han sido también devastadores: 4 millones de desempleados en febrero, una cifra que no se veía desde 2016, y 900.000 trabajadores en ERTE.
La necesidad de reflotar la economía volverá a ser el principal argumento para tratar de acelerar la desescalada. En esa línea se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha expresado su intención de continuar con la semiapertura de toda la actividad en la región -la única junto con Extremadura que actualmente no tiene cierre perimetral-, en lo que se anticipa como un nuevo desencuentro con Sanidad.
La Junta de Castilla y León ha respondido pidiendo un criterio prudente y homogéneo para todo el territorio nacional, al igual que Cantabria, cuyo presidente, Miguel Ángel Revilla, ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que convoque a los dirigentes de las comunidades para tratar de consensuar un plan para la Semana Santa.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su preocupación por "una cuarta ola que está llamando a la puerta": "Tenemos que decir la verdad a la sociedad, que estamos todavía en mitad de una pandemia, que todavía no hay un porcentaje suficiente de la población inmunizada y que esta Semana Santa tendrá que ser diferente".
En términos similares se ha expresado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha dicho que "este año, como el pasado, sigue siendo especial". Por ello ha hecho una llamada a la prudencia, también en las movilizaciones del 8M, que ha pedido que se celebren de forma distinta y sin correr riesgos, después de haber sido señaladas "de forma injusta" en 2020.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha anunciado la adquisición adicional de 17 millones de dosis de la vacuna de Moderna, de las cuales 5,7 millones llegarán en el tercer trimestre y 11,3 en el cuarto.
Según ha explicado, el Gobierno ha destinado hasta la fecha casi 1.900 millones de euros para adquirir vacunas contra la covid y se va a invertir un millón de euros en la contratación de un centro para el almacenamiento y la distribución de las producidas por AstraZeneca.
España se acerca ya a los 4 millones de dosis inoculadas (3.908.734), con 79.629 en las últimas 24 horas, y 1.266.700 personas han recibido la pauta completa y están inmunizadas. Las comunidades autónomas han recibido hasta el momento 4.508.845 vacunas, de las que han sido administradas el 86,7 %.
LO PRIMERO, LA SALUD
El Ministerio de Sanidad y las comunidades analizarán esta tarde un plan de medidas "compartidas" de cara a la Semana Santa para evitar un nuevo repunte de la pandemia, como ha ocurrido en otros periodos señalados en los que aumenta la movilidad y los contactos sociales.
Lo harán en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que el Gobierno central y los autonómicos se trasladarán sus posturas sobre las restricciones que deben implementarse en esas fechas.
Restricciones que la Comisión de Salud Pública plasmará en un documento "de actuaciones compartidas" para que los ciudadanos sepan, "semanas antes de la Semana Santa, qué se puede hacer y qué no", según desveló el pasado miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
La postura de los técnicos del Ministerio ya la comentó este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien subrayó que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.
"Soy epidemiólogo, me interesa controlar la epidemia, y obviamente mis visiones son diferentes de las que puedan tener, por ejemplo, los empresarios. Si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura, creo que no se debe ni plantear", zanjó.
En Sanidad persiguen un objetivo claro, y es que la incidencia baje de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y, con tal fin, en palabras de Darias, están "centrados en preservar la salud y seguir salvando vidas".
Por lo que reiteró su llamada "a la prudencia, la responsabilidad y al sentido común. Estamos en el buen camino, pero no nos podemos confiar. Estamos en pleno proceso de vacunación, cogiendo ritmo y es importante que salga bien".
La intención del Ministerio de que las comunidades permanezcan cerradas perimetralmente en Semana Santa ha dividido ya a las autonomías: en Madrid prefieren adoptar medidas "sensatas y equilibradas", en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no comprometer la "maltrecha" economía, en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Pero en Castilla-La Mancha, según su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, son partidarios de que se adopten medidas de ámbito nacional porque cuando se ha hecho, "ha ido bien".
Y ha opinado que si la apuesta del Gobierno central es que las comunidades autónomas se adhieran al cierre perimetral en marzo y abril, incluida la Semana Santa, le parece una "medida muy buena," porque "permite que la movilidad sea menor", de forma que si se mantiene una movilidad escasa, se puede mantener la incidencia a la baja.
La Junta de Castilla y León ha respondido a la posición madrileña pidiendo "aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo" en todo el territorio nacional, según el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Ibáñez.
También el jefe del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.
Desde Murcia, Fernando López Miras ha mostrado su preocupación por que se relajen las medidas en un momento en el que el personal sanitario está agotado y con "una cuarta ola que está llamando a la puerta".
El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, también opta por la prudencia en la desescalada de restricciones ante la expansión de la variante británica y la "fase de meseta" que tiene actualmente la curva de contagios: "Una apertura rápida nos puede llevar luego a un paro en seco", ha advertido.
Agentes de la Guardia Urbana durante un control de movilidad en Barcelona. EFE-Alejandro García-Archivo
