El pasado día 21 de Agosto
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones debienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ella mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y a las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleos locales.
Por todo ello, en la mencionada propuesta se plantea que el pleno del Ayuntamiento de Bétera se pronuncie a favor de :
1º Declarar a éste municipio de Bétera como municipio insumiso y opuesto al TTI, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
2º Solicitar al Ministerio de Administraciones públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
3º Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y la no ratificación de otros acuerdos similares, tales como el CETA, con la finalidad de aconseguir:
- Que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni en ningún otro tratado
- Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente.
- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales.
- Que los servicios públicos y la propiedad intel·lectual sean excluidos del acuerdo.
