Una persona pasa ante una vivienda turística en el centro de una ciudad, en una imagen de archivo. EFE-Biel Aliño
El decreto ley de regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) que el Gobierno valenciano aprobará este viernes establece la renovación de licencias cada cinco años, da la posibilidad a los ayuntamientos de limitar el uso como alojamientos turísticos y endurece las sanciones con nuevas infracciones graves.
Son medidas "serias y rigurosas" que avanzan en un modelo turístico sostenible y ponen "orden y sensatez" en un sector clave para la Comunitat Valenciana, frente al "desorden, ocurrencias e imposiciones" de los últimos años, ha asegurado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la presentación de una norma que ordena una actividad que no tiene "por qué ser dañina" si está bien regulada.
El decreto apuntala la seguridad jurídica de una actividad que ha crecido más de un 160 % desde 2015 en la Comunitat y que establece un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para comunicar la referencia catastral de la VUT pues de lo contrario causará baja en el registro.
El crecimiento desordenado de las VUT no es un problema exclusivo de la Comunitat Valenciana, sino que todas las regiones se enfrentan a una situación similar y por ello necesitan una respuesta común, de ahí que Mazón pida al Gobierno de España que convoque la Conferencia sectorial de turismo para buscar "una respuesta unitaria" que recoja lo que establece la normativa europea y "todos juntos podamos luchar" contra la oferta irregular.
El Gobierno, según ha dicho Mazón, debe tener altura de miras y escuchar a todas las comunidades, para tener unidad de acción, una estrategia común y diálogo.
Mazón ha considerado "injusto que se achaquen a los pisos turísticos todos los males" cuando suponen el 1,8 % del parque inmobiliario, mientras que la vivienda vacía es el 14 %, y ha calificado de "xenófobos y clasistas" los movimientos de turismofobia. "La Comunitat Valenciana tiene abiertas sus puertas de prosperidad y felicidad a todos", ha proclamado.
En la Comunitat, el turismo representa el 16 % del PIB regional y el mismo porcentaje de empleo, y aporta a España el 12 % de la industria turística nacional.
Con el decreto el Gobierno valenciano "llega a tiempo" para aportar rigor y dar seguridad, antes de que las disfunciones de convivencia se conviertan "en problemas graves", como se ha visto en otras ciudades, ha manifestado el president, tras recordar que abolió la tasa turística establecida por el gobierno anterior.
Actualmente, a 15 de julio de 2024, hay registradas 105.111 viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, un 160,4 % más que las 38.319 del año 2015.
La consellerade Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha expuesto las principales medidas y novedades que contiene el decreto, entre ellas que los propietarios tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para comunicar la referencia catastral al registro.
Los municipios tendrán potestad para decidir qué modelo de ciudad quieren y poder limitar el uso de VUT (por edificio, por zonas), y la Generalitat podrá ceder a los ayuntamientos que lo soliciten la competencia de inspección, sanción y recaudación.
Las declaraciones responsables para obtener la autorización tendrán que renovarse cada 5 años y todas las viviendas que se comercialicen tendrán que cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes.
Para las nuevas viviendas se incluirá en la declaración responsable que certifiquen que la comunidad de propietarios no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas, y en los cambios de titularidad de la propiedad será obligatorio renovar la licencia.
Se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de los propietarios a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones), y se incrementa el grado de dos infracciones ya que una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación).
Los propietarios de las VUT serán responsables subsidiarios de las infracciones que se cometan, y quedan prohibidos los cajetines para entrega de llaves en vías públicas o zonas comunes, con la obligación de disponer de un servicio de recepción.
Montes ha agradecido la negociación llevada a cabo para la modificación legislativa con el acuerdo de los representantes de las principales empresas de alojamiento, de los sindicatos, y de los consumidores y usuarios, así como de los 71 municipios turísticos declarados.
