Esquerra Unida de Burjassot ha presentado una moción pidiendo al Gobierno que asuma el total control de los bancos rescatados, realice una auditorÃa para no pagar la deuda ilegitima, exija responsabilidades y "embargue" los tÃtulos de la deuda que tienen las administraciones públicas con la banca para ahorrar al contribuyente el pago de más intereses y recortes.
"No tiene sentido que los bancos deban a todos los españoles miles de millones de euros que no van a devolver y que encima tengamos que seguir pagándoles intereses. Lo justo serÃa que las administraciones deudoras pagasen directamente al Estado", señaló Blanco, portavoz de EU.
Asimismo, la formación de izquierdas que presentó hace un par de semanas una petición de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas instando a que la PolicÃa Local no interviniera en los desahucios, insiste en la necesidad de expropiar los pisos de la banca para rescatar a las familias de trabajadores como ya solicitó en mayo.
"El Gobierno ha inyectado miles de millones de euros de las arcas públicas en los bancos. Se calcula que se han gastado unos 52 mil millones en rescatar a la banca y se han comprometido unos 72 mil millones más en avales.
Para pagar este derroche, el Estado ha tenido que endeudarse y, paradójicamente, pagar unos altos intereses a algunos de los bancos a los que ha tenido que rescatar.
Además, estas entidades bancarias que han recibido un dinero público que en su mayorÃa no van a devolver, reciben ingresos de las administraciones locales en concepto de intereses de préstamos.
Asà pues, el ciudadano, sin ninguna responsabilidad en esta situación, sufre esta estafa pagando primero más impuestos al Estado para que rescate bancos y se endeude con más intereses, a cambio de recortes en servicios públicos esenciales. Y es que, tras la modificación de la Constitución en 2011, el pago de la deuda tiene prioridad ante el de los servicios públicos.
Por otro lado, mientras los ricos son amnistiados fiscalmente, los trabajadores tienen que pagar también más impuestos a las CCAA y a los Ayuntamientos que, obligados por los lÃmites de déficit impuestos desde el Gobierno, recortan en los servicios más próximos con la pérdida económica y de empleo que ello supone.
