La Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-SegundoLa Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado que la Conselleria de Justicia "incrementa un 70% la dotación para Memoria Histórica en los presupuestos de 2017 mientras presenta urgentes deficiencias en infraestructuras y modernización. Incrementan partidas para etéreas reformas democráticas mientras hacen falta concretas reformas en los edificios y el Consell del Botánic es el 'farolillo rojo' de España en modernización judicial".
La diputada popular ha explicado que "del Presupuesto de 2016, Justicia ha hecho recortes por 3,3 millones de euros, de los que casi el 60% se han quitado a la partida de Reformas de edificios judiciales. Pero mientras, se crea un nuevo ente, el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, con 224.000 ya sólo para dotación inicial, nuevas líneas de subvención por otros 834.000 euros también destinadas a este fin y un 223% más en transferencias corrientes con un incremento de 576.000 euros cuyo destino ni se concreta. Además, la Consellera ha anunciado que se van a dedicar 4,4 millones de euros para las exhumaciones de fosas. Este ente se suma a la red clientelar creada con nuevas comisiones, foros, observatorios como el Foro del Entorno Digital, Foro sobre Justicia Gratuita, Comisión de Expertos para la Reforma de la Función Pública, Comisión de Igualdad…El programa de Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ha pasado de cajón de sastre a agujero negro".
La portavoz popular ha otorgado un "suspenso" al Consell en Infraestructuras Judiciales. "Hay incumplimiento del Presupuesto 2016 en cuanto a Nuevas Construcciones y Reformas, recortes y falta de ejcución en más de seis millones de euros. Pero prefieren etéreas reformas democráticas a concretas reformas en los edificios. El Consell confunde las prioridades, no invierte en lo importante y, además, miente. Puig y Oltra nos prometen el "renacimiento", mientras se olvidan de arreglar las goteras".
María José Ferrer San-Segundo ha anunciado la presentación de 123 enmiendas parciales a los presupuestos 2017 en materia de Justicia y Función Pública, lo que representa el 90% del total, 123 de 138. "El escaso peso de la Justicia en los presupuestos da una idea de su irrelevancia para el Consell. El Pacto del Botànic se olvidó de la Justicia, y el Consell aún no la ha encontrado. La Justicia necesita visibilidad pero Bravo hace exactamente lo contrario: no se ve, no se mueve, no molesta, no trasciende".
Además, ha denunciado que "la consellera Bravo sigue sin facilitar documentación, a pesar de ya haber sido condenada por sentencia firme".
Ferrer San-Segundo ha explicado que las enmiendas del grupo Popular se centran en infraestructuras, modernización, turno, atención a las víctimas del delito y mediación, solicitando su inclusión en la Asistencia jurídica gratuita.
En infraestructuras se solicita la inclusión de proyectos y construcción de nuevos edificios en especial Gandía (Fiscalía-Juzgados), Liria, Torrente, Onteniente, Sueca, Villena, Alzira: la enmienda aumenta la partida 4,5 millones de euros, proponiendo pasar de 1,5 a 6 millones euros. Además, pide invertir en la reforma de edificios de la Administración de Justicia, en especial en TSJCV, Alicante (Benalúa), Alcoy, Alzira, Villajoyosa, Mislata, Sagunto, Xátiva, Denia, Castellón, Registro Civil de Gandía: la enmienda incrementa el importe de la partida en 5 millones de euros, pasando de 7 a 12 millones de euros.
La diputada popular también ha instado al Consell a "adherirse al sistema de gestión para Justicia en que se van integrar el Estado y muchas CCAA sin caer en `soberanismos informáticos' impuestos por el mestizaje y sus filtros ideológicos, que nos costarán más y nos dejarán descolgados: justo lo contrario que requiere una justicia integrada e interconectada".
Ferrer San-Segundo ha denunciado "la duplicidad y dispersión en asistencia a las víctimas del delito: Bravo, con su lentitud, está siendo cazada por una Oltra 'atrapalotodo'. Desde el GPP denunciamos la duplicidad y lucha de competencias entre Justicia y la Consellería de Oltra en materia de víctimas al delito, que crea Comisión tras Comisión Interdepartamental para presidirlas y asegurarse el control. Oltra intentó frenar el "plan Estrella" de la Consellera Bravo, y además en los presupuestos de Igualdad plantea, paralelamente, ampliar su red de oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.
Además, ha declarado que "un Consell que adscribe el Derecho Civil Valenciano a Transparencia, evidencia el desconocimiento y falta de respeto que tiene por esa competencia: por eso instamos a que el Derecho Civil Valenciano salga de Transparencia y vuelva a Justicia. El Botànic, mucho 'bla-bla-blà' pero, de hacer, nada", ha señalado. En este sentido, la diputada ha anunciado la próxima presentación de varias iniciativas para la regulación de una custodia compartida preferencial.
Por otra parte, la diputada popular ha anunciado que el GPP ha presentado ya escrito de alegaciones al Proyecto de usos de lenguas en la Función Pública "por introducir el valenciano como filtro excluyente. El Consell ha de garantizar el uso normal y oficial del valenciano y el castellano, sin discriminar a nadie por razón de su lengua. El derecho a no ser discriminado por razón lengua, incluye la facultad de expresarse en público en la lengua cooficial en que se tenga mayor competencia lingüística. Con este decreto se impone un sesgo lingüístico, al usar el valenciano como barrera selectiva para el acceso de los ciudadanos valencianos a cargos y funciones públicas, y se copia el modelo desplegado por el nacionalismo en otros territorios".
