Los juzgados de Catarroja, donde se instruye la causa penal sobre la gestión de la dana. EFE-Ana Escobar-Archivo
La Fiscalía ha pedido la inadmisión y el archivo de la querella presentada contra la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de Valencia de 2024 y su marido por varios delitos, al considerar que hay "criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".
La querella fue presentada por el abogado Rubén Gisbert ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos, y pedía entre otras cosas anular la instrucción.
Según informa este lunes la Fiscalía Provincial de Valencia, el fiscal presentó el pasado viernes el informe solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV sobre esta querella, en el que tras el "análisis detallado" de los hechos y el estudio jurisprudencial de los delitos detallados concluye que "no concurren los elementos configuradores" de los delitos.
Este abogado, que representa a varias víctimas de la dana, pedía en la querella "apartar inmediatamente" a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, suspenderla tanto a ella como a su marido de la carrera judicial, que se hiciera una "evaluación psiquiátrica" de la magistrada y trasladar toda la instrucción a la Audiencia Nacional.
En la querella, señalaba que la jueza había tomado declaración como testigos a varios familiares de víctimas de la dana "bajo las indicaciones y la asistencia" de su marido, y aportaba unas grabaciones en las que supuestamente se escuchaba al magistrado participar "activamente" en esos interrogatorios.
La querella fue anunciada por Gisbert en Les Corts Valencianes el mes pasado, cuando compareció en la comisión de investigación sobre la dana para explicar las acciones que llevó a cabo a través de su asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo', a quien los grupos de la oposición le acusaron de "oportunista" y dudaron de su credibilidad.
La jueza Ruiz Tobarra ya acordó a principios de marzo no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones presentados por esta misma acusación particular, al considerar que era "un fraude procesal" para intentar apartarla con "toda clase de argumentos burdos e inconexos" y un "memorial de agravios".
La instructora afirmó entonces que el escrito del letrado "rezuma desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal" y una "absoluta animosidad" hacia ella, además de ser "una mezcolanza de ideas" que sitúan en "una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal".
