Tal como señala el texto de la propuesta, la conocida como Ley de la Memoria Histórica, por la cual se reconocen y amplÃan derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecuciones durante la guerra civil y dictadura, respecto de los sÃmbolos y monumentos públicos, establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluir la retirada de ayudas públicas.
El Ayuntamiento ante esta norma que estipula una exigencia, y en aplicación del principio de congruencia, como el de seguridad jurÃdica, pretende llevar a cabo un estudio que culmine en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista.