La Portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz GascóLa Portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha instado a los centros concertados de la Comunitat, con supresión de aulas, a pedir indemnizaciones a Puig por daños y perjuicios tras las sentencias que obligan a la administración valenciana a restituir los conciertos.
La diputada popular ha señalado que "los servicios jurídicos del PP, que recurrieron en su día el decreto de conciertos, van a contactar con las patronales de centros concertados para instarles y trasladarles la necesidad de que todos los centros a los que se les haya suprimido unidades soliciten una indemnización al señor Puig, por daños y perjuicios".
Gascó ha manifestado que "el Presidente de la Generalitat debe escoger si obliga a Marzà a que indemnice a los centros por daños y perjuicios tras los percances ocasionados a familias, alumnado y centros o asumir que su Conseller de educación pueda ser denunciado por prevaricación porque Marzà tomó decisiones a sabiendas de que eran ilegales".
Beatriz Gascó considera "una auténtica vergüenza" que el Consell "siga con su sectarismo habitual al negarles a los centros el concierto que les suprimió sin que la decisión estuviera debidamente justificada y mantenga el cierre pese a las sentencias. Como Marzà ha afirmado que, hasta que no haya una sentencia firme no piensa modificar su política educativa, esperamos que, cuando la haya, asuma sus responsabilidades y dimita con carácter inmediato. Es evidente que este señor está inhabilitado para seguir al frente de la conselleria porque lleva tres años en los que los valencianos hemos tenido que sufrir una política educativa sectaria, radical y catalanista".
La portavoz popular ha señalado que "Marzà no puede seguir mirando hacia otro lado y debe ser consciente de los daños irreparables que ha supuesto la supresión de estos conciertos: familias obligadas a modificar la trayectoria educativa que tenían planificada para sus hijos, alumnos que no han sido capaces de adaptarse a los nuevos centros llegando al extremo de repetir curso, centros educativos endeudados para mantener la oferta que pretendía suprimir el Consell… Todo esto por unos conciertos arrebatados sin justificación, generando ante la comunidad educativa una incertidumbre e indefensión de la que alguien se tiene que hacer responsable. Marzà, sabiendo que su decisión no estaba argumentada ni obedecía a razones técnicas -y que contravenía la Constitución, leyes orgánicas y múltiple jurisprudencia- decidió seguir adelante pese a ser consciente de la ilegalidad de sus decisiones".
La representante popular ha indicado que "Puig y Oltra tienen que entender de una vez que los centros concertados están blindados por ley, que es un derecho recogido en la Constitución, y que su sectarismo y radicalidad no pueden acabar con ellos. Esta misma semana Marzà ha reconocido que considera que la escuela concertada es subsidiaria de la pública, contraviniendo el contenido de múltiples sentencias del Supremo. Debe existir pluralidad y diversidad en la oferta para poder garantizar la libre elección de las familias. Una vez más Marzà arrebata a las familias su posibilidad de elección".
Según Gascó, "el objetivo del Consell de Puig es imponer un modelo de escuela único que se pueda controlar desde el Palau de la Generalitat. La escuela concertada les molesta por tener un ideario que no pueden controlar".
