La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó. EPDALa portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido hoy que Puig asuma sus responsabilidades políticas tras el varapalo del TSJ, cese ya a Marzà por trilero, retire la nueva ley antes de que sea demasiado tarde y no vuelva a imponer a nuestros niños una norma ilegal".
Beatriz Gascó responsabiliza directamente a Puig de esta situación insostenible porque "es él quien ha consentido y alentado las tropelías e ilegalidades de Marzà. Puig ha permitido esta ideologización catalanista y ha entregado al PSPV al nacionalismo del ala más radical de la izquierda. Llegado este momento, es hora de que el presidente Puig elija dimitir él o cesar a Marzà de una vez, pero una cuestión tan grave denunciada por el TSJCV y por la sociedad valenciana de forma constante no puede quedar impune. Alguien debe reconocer esta grave situación y asumir responsabilidades políticas".
Gascó ha exigido a Puig "que pida disculpas a todos los valencianos por obligarles a matricularse bajo una coacción, hacerles estudiar con una norma ilegal, generar inestabilidad en el sistema educativo, y consentir que se implanten normas que no se ajustan a la legalidad pero sí a su ideario nacionalista. No es de extrañar que con este contexto la educación se haya convertido en uno de los principales problemas y preocupaciones de los valencianos".
Con respecto a la decisión de TSJ de mantener los diez procedimientos, Gascó ha mostrado la satisfacción del PPCV porque "se pone de manifiesto que el decreto ley que aprobó Marzà en septiembre y con el que están estudiando todos los niños de primero de infantil, lo están haciendo con una norma basada en el decreto del chantaje lingüístico, con una norma que chantajeó a las familias para escoger la opción lingüística que más valenciano tenía si querían que sus hijos aprendieran inglés. El TSJ una vez más ha sido muy contundente poniendo en evidencia los incumplimientos reiterados a las decisiones adoptadas por el alto tribunal. Puig y Marzà se ríen en la cara de la justicia demostrando que no son un gobierno serio y cumpliendo la famosa frase del conseller de que sin desobediencia no hay independencia".
La portavoz popular ha indicado que "el conseller Marzà ya no está legitimado para dirigir la cartera de Educación ya que ha demostrado en reiteradas ocasiones que el nacionalismo catalán está por encima de la formación de nuestros jóvenes".
Beatriz Gascó ha criticado que "Marzà, en lugar de reconocer que se ha equivocado y engañado a la gente, sigue mintiendo al decir que no afecta al alumnado. Por culpa de ese decreto ley, los niños han tenido que estudiar con un decreto inconstitucional y ha denegado a las familias la posibilidad de escoger el modelo lingüístico que querían libremente. Ha vulnerado los derechos de las familias. Precisamente por eso, el TSJ considera que sigue la misma situación, se aplican los mismos criterios, y se mantiene abiertos los diez recursos interpuestos en su día".
"Lo grave de esta situación es que, por el empeño de Marzà de imponer su modelo, no quiso volver a sacar un proceso de escolarización que garantizara que las familias pudieran escoger con libertad el modelo lingüístico. Lejos de revertir la situación de chantaje, cometió un atropello mayor obligando a estar todo un curso con una norma inconstitucional", ha señalado.
"Es lamentable que el PSPV, ante esta situación de ilegalidades reiteradas, llamadas de atención por parte del TSJ y flagrante vulneración del derecho de las familias, siga apoyando la política educativa catalana demostrando que es el modelo que quieren para la Comunitat Valenciana. Es muy triste que por la ideología de Puig el PSPV se haya convertido en un partido nacionalista", ha indicado.
Beatriz Gascó ha pedido a Puig que "pida disculpas, cese a Marzà de forma inmediata, retire la ley que solo representa al nacionalismo más radical y que se siente a consensuar una norma con toda la comunidad educativa en la que prime la formación académica y se destierre de una vez por todas la imposición catalana en las aulas. La ley está redactada en los mismos términos que las dos normas cuestionadas por el TSJ. Está puesta en cuestión su legalidad. De no dar un paso, el Consell de Puig pondrá en evidencia su intención manipuladora y sesgada para intentar dirigir la forma de pensar de los jóvenes valencianos".
Por último ha advertido que desde el PPCV "no vamos a descansar para que la libertad, la legalidad y la neutralidad estén presentes en todas las aulas, denunciando todos aquellos casos de adoctrinamiento, de manipulación ideológica y de extorsión lingüística que ya se están produciendo".
