En este sentido, se ha hecho balance del plan de rehabilitación de más de un centenar de viviendas con un presupuesto cercano de dos millones de euros. Hasta el momento la Conselleria de Vivienda ha reparado 50 viviendas, que ya están adjudicadas. Además, otras 22 están en ejecución y 16 en valoración para su próxima rehabilitación.
El proyecto, ejecutado por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, es un compromiso que adquirió la Conselleria de Vivienda para recuperar "un barrio que fue abandonado durante más de dos décadas por la falta de una política de inversiones de los gobiernos autonómicos anteriores", según ha repetido reiteradamente la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
En la reunión se ha constatado que los trabajos van a buen ritmo, al tiempo que se ha valorado que algunos de los operarios que en estos momentos trabajan en las obras de rehabilitación de las viviendas, concretamente ocho, sean personas del barrio. Hay que tener en cuenta que la política desarrollada por la conselleria, en colaboración con el Ayuntamiento y el Servef, pretende también colaborar en la reducción de la alta tasa de paro que padece el barrio de La Coma. Se trata de una política integral de actuación, cuyo seguimiento corresponde precisamente a la mesa de trabajo que se ha reunido este martes.
En la comisión se ha estudiado también la lista de personas que han solicitado la adjudicación de viviendas sociales y se ha dado cuenta a sus miembros del cumplimiento de la legalidad en la regularización de personas que habían ocupado sin título algunas de estas viviendas. Como establece la resolución aprobado en su momento por la Conselleria, se regularizan los casos de las personas que ocuparon viviendas con anterioridad a julio de 2015 porque no son responsables de la falta de política social y de vivienda del anterior gobierno, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma y que acrediten su vulnerabilidad social y necesidad habitacional.
En este contexto, se analizan también los casos de personas que no pueden regularizarse, ocupaciones posteriores a julio de 2015, y se comprueba que la decisión que se ha adoptado es la correcta, para que no se produzcan nuevos errores. Asimismo, se ofrece a estas personas la posibilidad de volver a inscribirse en el registro de demandantes para estudiar detenidamente su caso y dándoles toda la información sobre el procedimiento y forma de hacerlo, así como la ayuda que, en su caso, les pueden ofrecer los servicios sociales de Paterna.
De hecho, este lunes se paralizó un auto de desalojo, ya que a persona afectada ha presentado una nueva documentación que será analizada y comprobada por la Conselleria para comprobar que su regularización o desalojo, según corresponda, se ajusta a la norma aplicada por la Generalitat.
