Los ciudadanos nos preguntamos si la conducta ilegal de un hermano puede afectar a la honorabilidad del resto de miembros de una familia. Evidentemente, la responsabilidad penal va por un lado, y la responsabilidad polÃtica por otro, pero cuando algún familiar utiliza el apellido para obtener un beneficio económico, sin duda, existe una obligación de rendir cuentas a los ciudadanos de forma transparente. Si no que se lo digan al que fue todo poderoso vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, que dimitió cuando se descubrió que su hermano Juan practicaba tráfico de influencias en Sevilla utilizando el apellido familiar.
Esta situación vuelve a reproducirse en la Generalitat Valenciana, cuando se ha sabido que los hermanos del President Puig, crearon un entramado de empresas mediante las cuales se relacionaban con la Administración y entraban en los despachos del poder polÃtico valenciano exhibiendo como único aval el apellido "Puig". Tal era su poder que tuvieron a su alcance a los servicios jurÃdicos de la televisión pública "A Punt" para que le asesorasen en la adjudicación de contratos, como se desprende de los whatsapps que se encuentran en manos de la Justicia. La pregunta es evidente ¿si los hermanos del President no se apellidaran Puig hubieran tenido dicho asesoramiento y se hubieran llevado las adjudicaciones públicas?, la respuesta es evidente: lo más probable es que no.
Pero es más, esa conducta de favorecimiento por parte de responsables polÃticos del Gobierno de la Generalitat valenciana a familiares del President, debe ponerse en relación con la llamativa frase: "Cuando gane Ximo nos vamos a forrar", frase que consta en el procedimiento penal que investiga un entramado de sociedades creadas para obtener subvenciones mediante falsedades y que afectan a empresas vinculadas a los hermanos del President y otros socios. Asà puso de manifiesto una testigo cuando compareció ante el Juzgado. Entramado parecido al del "caso Nóos", por el que UrdangarÃn está en la cárcel.
El asunto está siendo investigado por la Justicia, aunque la comisión de defensa de la Competencia ya ha impuesto una multa al empresario Francis Puig por el amaño de los precios en A Punt. Muchos lÃderes socialistas han manifestado que no hay nada que afecte al Gobierno valenciano, pero si no hay problema alguno ¿por qué se niegan PSOE-CompromÃs-Podemos en permitir una comisión de investigación en las Corts?, los ciudadanos estarÃamos más tranquilos sabiendo la verdad. La transparencia no solo se predica, sino que se practica, sobre todo cuando durante años se han lucido camisetas y se ha presumido de honradez.