Investigados la secretaria municipal y el ex alcalde de Massalfassar por prevaricación

La secretaria municipal del Ayuntamiento de Massalfassar, Emilia Mateu, y el alcalde hasta el pasado mes de mayo, Joaquín Soler (PP), están siendo investigados por el presunto delito de prevaricación. La semana pasada, cuando tenía previsto que fueran a declarar al juzgado de Massamagrell, fue suspendido por tercera vez, aplazándose a los días 15 de marzo, en el caso de los testigos, y el día 23, por lo que respecta a los dos investigados, nueva terminología que sustituye al anterior término de imputados.

Según la Fiscalía Provincial de Valencia, se investiga un presunto delito de prevaricación ''por haber dictado resoluciones administrativas al margen del ordenamiento jurídico''. La investigación llega después de una denuncia presentada a la Fiscalía por un funcionario y, ante los indicios de delito, comienza ahora un proceso que debe establecer si se dictaban resoluciones administraciones ilegales. En concreto, se referiría a tres ámbitos: el de las retribuciones de los funcionarios del Consistorio; el de la contratación de servicios sin expedientes previos y sin seguir lo que marca la ley -afectaría presuntamente a los ofrecidos por el arquitecto municipal, el ingeniero y el asesor urbanístico-; y en tercer lugar, afectarían al ámbito de la recaudación de los impuestos municipales.

La semana pasada tenían que haber comenzado a declarar los testigos -un grupo de funcionarios- y los dos investigados -Soler ya no es alcalde, gobierna Compromís, y la secretaria está de baja desde septiembre del año pasado, según fuentes municipales-. Sin embargo, fue aplazado hasta marzo porque la jueza no había recibido un CD con algunas de las pruebas presentadas.

Se trata del tercer aplazamiento que se produce. En junio del año pasado no se hizo porque los abogados de los investigados alegaron que no les había dado tiempo a repasar toda la documentación. El juicio pasó a octubre del año pasado, pero se presentaron problemas de agenda por parte de los abogados de los dos investigados, Javier Boix, por parte de la secretaria y Joaquín Ignacio García Cervera como letrado del ex alcalde.

El proceso se produce después de un informe del delegado de Personal del Consistorio el pasado 24 de marzo, al denunciar una serie de actuaciones administrativas al margen de la ley, que habrían estado impulsadas, según la denuncia, por la secretaria, con el visto bueno en forma de rúbrica del ex alcalde.

En la denuncia se resalta el hecho de que tanto el arquitecto municipal, como el ingeniero y el asesor urbanístico llevan más de 10 años trabajando para el gobierno municipal con contratos menores, lo que podría considerarse fraude de ley, ya que le legalidad impide prorrogar contratos anualmente sin procedimiento negociado o incluso concurso público. En algunos ejercicios algunos de los profesionales habrían facturado cantidades superiores a los 60.000 euros en un solo ejercicio por un máximo de 12 horas semanales.

En los casos anteriores, se trataban de contratos menores y no fue hasta principios de 2015 cuando se inicia un proceso para hacer un negociado sin publicidad -invitando a tres firmas-. Como no dio tiempo, se prorrogaron los contratos menores del arquitecto, ingeniero y de los dos asesores urbanistas -hasta la fecha había sido Gestivitas Consultores la encargada en exclusiva- de enero al 30 de abril de 2015. En mayo se hicieron los concursos sin publicidad, resultando elegidos quienes se habían encargado de los distintos servicios hasta la fecha.

En la denuncia se recoge también que el gobierno municipal habría contratado servicios externos sin mediar contrato ni expediente previo, como el de un asesor financiero, informático o una firma de desratización y control de plagas.

Hay que hacer hincapié en que hasta que no se celebre juicio debe primar la presunción de inocencia. El Periódico de Aquí quiso conocer la versión de la secretaria, quien declinó hacer declaraciones hasta después de que haya sentencia. El ex alcalde, Joaquín Soler, por su parte, manifestó que espera que pase el juicio cuanto antes para demostrar su inocencia. ''No me consta que se hiciera nada mal. De lo contrario, no lo habría consentido. Tengo plena confianza en la secretaria y los técnicos municipales''.