Tres empresarios, un ex asesor de Rafael Blasco y el ex alcalde de Alfara de la Baronia han declarado en calidad de investigados por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con varios Programas de Actuación Integrada (PAI), dentro de la 'Trama del Fuego'. Se trata de los empresarios Jesús Domingo, Miguel Ángel San José Calabuig y Domingo Muñoz, así como Jesús Garrido, ex asesor de Blasco, y el ex alcalde de Alfara, José Terrádez. El Periódico de Aquí ha hablado con estos tres últimos, quienes han coincidido en negar haber cometido ninguna ilegalidad ni delito y se han quejado por el daño público que se les hace.
En el caso de los empresarios y el asesor se les atribuye, en diferentes grados, un delito de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales y falsedad en documento público, según la investigación que se instruye en el juzgado número 2 de Sagunto. Se investiga igualmente si el ex alcalde de Quartell, Francisco Huguert, y el vicealcalde, Emilio Máñez, beneficiaron a estos tres empresarios, a Vicente Huerta, de Avialsa y su ex gerente, Francisco Alandí, con la adjudicación de PAI a cambio de regalos, inmuebles o plazas de garaje vendidos a un precio más barato que su coste real. Además, se están investigando diferentes PAI, como el del Polígono La Foya -donde se ubican empresas como Profiltek- o el Sector Industrial de la Alquería Blanca de Quartell; el PAI Quartell-PRODAEMI y en Alfara de la Baronia, el PAI Residencial Alfara, el Nova Alfara y el Proyecto de Reparcelación Forzosa Sectores S1 y S3. En el caso de Garrido, declaró por obtener una comisión por intermediar en la adjudicación del PAI Nova Alfara, que se cedió por la UTE a la mercantil Prodaemi por un montante de 6'2 millones, de la que Avitractor habría recibido 1'5 millones. Garrido habría adquirido también una vivienda a través de una sociedad suya en Valencia, cuyo promotor era Prodaemi.
La investigación se basa en tres informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía.
El Periódico de Aquí ha hablado con tres de ellos, que lamentan el ''daño gratuito'' que se les ha hecho. Garrido, ex asesor del encarcelado Blasco, ha señalado que ''todo es mentira'' y recuerda que ''como asesor no tenía ni poder ejecutivo ni de decisión'' y se mostró muy tranquilo respecto al proceso. Sí reconoció haberse llevado una comisión como intermediario, ''en una operación totalmente legal''.
Muñoz, por su parte, ha sido muy crítico con las formas utilizadas por la UDEF, lamentando que ''irrumpan en casa, se lleven el ordenador de mi hijo y te den tal susto, cuando todo lo que se ha hecho es acorde a ley''. Recuerda que los adosados construidos ''se vendieron todos al mismo precio'', para negar que hubiese trato de favor con el alcalde, ya que dos de sus hijos adquirieron un inmueblo. ''¡Pero al mismo precio que el resto!'', señaló muy enfadado, al recordar que ''no está prohibido que pudieran comprar las viviendas''.
Aseguró no conocer a Huerta y que había coincidido con él en una comida, mientras que ''con Serafín Castellano comí una vez en el local de la ermita que gestionaba yo, junto a otras 100 personas''. Muñoz está dispuesto a explicar punto por punto ''todas las dudas que se han planteado sobre mí''.
Quien también se ha mostrado muy enfadado ha sido el ex alcalde, José Terrádez. ''Nadie me ha dado ni una peseta nunca de ningún PAI'', señaló en declaraciones a este periódico y tildó la investigación de ''pura elucubración'', recordando que el PAI Nova Alfara fue aprobado por los 7 concejales del Consistorio ''y nunca se hizo porque no lo aprobó la Conselleria''. Defendió que el Ayuntamiento se embolsara 600.000 euros de los 6 millones al aprobarse el proyecto, que se invirtieron en mejoras en el municipio.
Respecto a la compra de dos adosados de sus hijos, ''en el Plan Especial de Promoción del Suelo, entró mucha gente y entre ellos dos de mis hijos. Pagaron al mismo precio que los demás. Me acusan de prevaricación porque dicen que me tenía que haber abstenido en el pleno''. El ex alcalde insistió en que todos los proyectos tuvieron los informes de la secretaria y los técnicos.
Se prevé que vayan a declarar secretarios e interventores de los Ayuntamientos que están en el punto de mira.
