Tras conocer la sentencia del Tribunal Superior Justicia (TSJ) que obliga al Estado a pagar 2,7 millones de euros por la
expropiación del solar donde se ubica la desaladora de Sagunto, el portavoz de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González, ha querido aclarar "que aunque el Estado haga frente a esta indemnización, este dinero formará parte
de la inversión de la desaladora, es decir, que al final quienes
harán frente al pago serán los ciudadanos de El Puerto y Sagunto,
tal y como recoge el convenio vigente".
El
portavoz de Iniciativa Porteña indica que "en
la legislatura 2003-2007 cuando gobernaban PSOE, EU y Compromis, se
firmó un convenio en el que se contemplaba que en el momento de
ponerse en marcha la desaladora, el Ayuntamiento debería hacer
frente en una amortización a 25 años, al coste de la instalación,
que con este último varapalo, se acerca a los 45 millones de euros,
con un interés del 5%. Además, estaremos obligados a pagar el
mantenimiento de la planta y el beneficio industrial de la empresa
que se hará cargo de la misma y lógicamente estaremos obligados a
consumir esa agua que en principio iba destinada al uso industrial".
Otra
de las cuestiones que ha querido manifestar González es "el
extraño comportamiento de la Administración, que expropió un solar
privado por el que ahora deberemos pagar 2,7 millones de euros más
de los presupuestados. Y digo que es extraño porque todo el terreno
existente hacia el sur de ese solar es público y de uso industrial.
Es decir, podrán poner todas las excusas que quieran, pero es
inexplicable que con tanto suelo público, tres millones de m2, que
no suponía costes de expropiación, se metieran en jardín ajeno".
El
portavoz de Iniciativa Porteña ha explicado que su formación "instará al equipo de gobierno a la
ruptura del convenio suscrito en 2006, por la entonces alcaldesa
Gloria Calero, entre otras cuestiones, porque el coste inicial de la
instalación se ha duplicado, puesto que partían de un presupuesto
de 25 millones de euros, por lo que existe una discordancia grave
entre el coste firmado y el real. De momento nadie ha informado de
negociaciones para cambiar las cosas, puesto que de respetarse ese
convenio se tendrían que amortizar casi 2 millones de euros anuales
contando con el interés, que irían a parar directamente al recibo
del agua. A esto habría que sumarle el mayor coste de transformación
del agua, con lo que la subida que se nos avecina si no se cambia el
convenio, puede ser escandalosa".
