La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en una rueda de prensa ofrecida este martes. EFELa presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha calificado este martes la gestión que lleva a cabo la Conselleria de Sanidad como "un puñetero desastre", como a su juicio lo demuestran las medidas que no ha tomado aún para hacer test serológicos a toda la población o los conflictos abiertos con los MIR y los sindicatos.
En rueda de prensa para presentar sus medidas fiscales para afrontar la crisis y atraer la inversión a la Comunitat, Bonig se ha referido así a la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de la Generalitat en general y la Conselleria que dirige Ana Barceló en particular.
La también síndica del grupo popular en Les Corts ha recordado que el pasado jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, rechazó su plan para que las farmacias realizaran test de antígenos para detectar posibles positivos de covid-19, pero ahora la Conselleria estudia una medida similar para las farmacias de Castellón.
Según Bonig es necesario resolver las medidas sanitarias como paso previo para atender la situación de crisis que atraviesa la economía valenciana, pues esta no se puede salvar sin una "buena gestión sanitaria", y se ha vuelto a ofrecer a colaborar "si realmente el señor Puig quiere atender la voluntad de colaboración del partido".
Ha defendido los planes de gestión sanitaria de los territorios gobernados por el PP, como los cribados masivos en determinadas provincias donde hay más incidencia de la covid-19, y ha lamentado que se hayan perdido "semanas" en este sentido en la Comunitat Valenciana.
También ha recordado otros frentes que tiene abiertos la Conselleria, como el conflicto con los MIR y las protestas sindicales ante el decreto de retribución extraordinaria del personal sanitario que atendió en primera línea durante la primera ola de la pandemia en la Comunitat Valenciana, "que no ha sido aceptado por ningún sindicato del ámbito sanitario y que además excluye al personal de limpieza".
Para Bonig, el PP tiene un plan que se basa "en el consenso y el diálogo con todos los colectivos afectados y de ver lo que se está haciendo en otras comunidades con independencia de quién gobierna".
