Concentración de jueces y fiscales, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de València, con motivo de la huelga de este lunes en la judicatura y la fiscalía, apoyada por todas las asociaciones de jueces y de fiscales. EFE
Alrededor de 70 jueces y fiscales, que secundan este lunes su segunda huelga de este año, se han concentrado en la Ciudad de la Justicia de València y dos portavoces han leído un comunicado crítico con el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Estos hechos se producen "sin el más mínimo respeto" por el poder judicial ni por el poder legislativo y en el marco de una "situación insostenible" en la carrera judicial y fiscal respecto a la falta de medios materiales, y reclaman la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sobre la reducción de los plazos para investigar causas complejas como la corrupción.
Cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales son otras razones de la convocatoria de huelga.
El portavoz territorial de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha reclamado un sistema de elección de la cúpula judicial mixto, el "más ajustado" para que España no siga siendo "una anomalía" en Europa, mientras que el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ, ha asegurado que se sienten defraudados con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia, Bosch ha defendido que la reforma constitucional debería aprovecharse para blindar un sistema mixto en el que la mitad de la cúpula judicial sea elegida por los jueces y la otra mitad por el parlamento.
Se trata de un sistema de equilibrio en el que los políticos "no puedan hacer y deshacer", según Bosch, quien ha recordado que algunas decisiones del Supremo han sido "rectificadas" por Europa, como en el caso de las cláusulas suelo y el impuesto de las hipotecas, en el que rectificó una decisión inicial.
Casañ, por su parte, ha afirmado que se sienten "defraudados" con la ministra, que se sumó a la huelga del pasado mayo cuando era miembro de la Unión Progresista de Fiscales, porque esperaban hechos.
"Llevamos reivindicaciones de muchos años con todos los gobiernos, no cambiamos por el signo político", ha manifestado Casañ, que ha resaltado la unanimidad de los jueces y fiscales en las reivindicaciones y ha insistido en que los avances son "muy esperados" por el sector.
La media en los países europeos es de 21 jueces por cada 10.000 habitantes mientras que en España se reduce a 11,2, que tienen que hacer "un sobreesfuerzo" para acercarse "lo máximo posible" a los plazos que se alcanzan en otros países europeos.
La huelga está convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
