Desde Juezas y Jueces para la Democracia siempre hemos apoyado los derechos de las víctimas de la dictadura. Y seguimos recordando que el gobierno central continúa incumpliendo sistemáticamente la Ley de la Memoria Histórica, al haber frenado las exhumaciones de las decenas de miles de personas asesinadas por el régimen franquista. El gobierno no solo actúa con inhumanidad manifiesta, sino que prefiere mirar hacia otro lado ante los continuos reproches de la ONU, que está censurando constantemente el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos. Resulta paradójico que en los presupuestos generales del estado hayan desaparecido las partidas para exhumar a las víctimas de las fosas, mientras que mantener el Valle de los Caídos, donde se encuentra la tumba del dictador, cuesta a la ciudadanía cerca de un millón de euros al año.
El portavoz de la sección valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, acudió en la tarde de ayer al lugar donde se desarrollan los trabajos de exhumación, como muestra de apoyo a los derechos de las víctimas del franquismo (en la imagen, con Santi Vallés, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Fosa 113). Y recordó que esta situación resulta inconcebible en cualquier país europeo, pues no sería admisible que en Alemania o en Italia hubiera decenas de miles de demócratas en fosas comunes tras haber sido asesinados por el nazismo o el fascismo.
Debemos recordar que las 15 víctimas de la fosa común de Paterna fueron asesinadas por razones políticas, en procedimientos sin garantías jurídicas que llevaron adelante los órganos ilegítimos del franquismo. Y, posteriormente, sus familias ni siquiera tuvieron la posibilidad de recoger sus restos mortales para darles digna sepultura. Por ello, con estas actuaciones se está reparando una injusticia histórica, perpetrada en el ámbito de gravísimos crímenes contra la humanidad. Debemos valorar muy positivamente el apoyo institucional a esta exhumación por parte de la Diputación Provincial de Valencia, que intenta suplir la pasividad culpable del Gobierno central. También resulta impecable la actuación judicial de la magistrada titular del juzgado de instrucción nº 2 de Paterna. Y, especialmente, queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de la dictadura y con sus familiares para que puedan obtener la reparación necesaria ante las graves violaciones de derechos que se produjeron durante el franquismo.
