El Ministerio de
Justicia ha formalizado la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y
30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección sanitaria de los
funcionarios de los juzgados y tribunales que están garantizando los servicios
esenciales durante el estado de alarma. Se trata de un contrato con la empresa
española Merydeis por un importe de 553.048 euros, con el que se pretende
cubrir las necesidades de los órganos judiciales durante un periodo de 45 dÃas.
Además, ayer se inició en
las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha el reparto de otra remesa de
material sanitario adquirido a Correos que alcanzará al
conjunto de órganos judiciales del territorio esta misma semana.
Estos equipos se destinarán
al personal y usuarios de la Justicia en los términos recogidos en la resolución
sobre seguridad laboral dictada este lunes por el ministro Juan Carlos Campo.
La norma, consensuada
con el conjunto de comunidades autónomas, establece que las medidas de
protección individual están destinadas preferentemente a los trabajadores
expuestos a un determinado riesgo en su actividad laboral, y se utilizarán
cuando su salud y seguridad no puedan garantizarse con las medidas de
protección colectiva dispuestas en la sede.
Se pondrán mascarillas y
guantes a disposición de las dotaciones de servicios esenciales que realicen salidas
urgentes, y se proporcionarán al usuario/justiciable/detenido, asà como al
acompañante si su presencia fuera necesaria, cuando sea imprescindible el
acceso a la sede y se manifieste alguna afección respiratoria.
Las mascarillas se
cambiarán si se humedecen y no se reutilizarán si son de un solo uso. Los
guantes se desecharán diariamente o tras rotura o deterioro, evitando el
contacto con la cara. Tras su uso, se depositarán en un contenedor habilitado a
tal fin.
Los geles hidroalcohólicos
deberán ser utilizados sistemáticamente por todas las personas tras rebasar la
puerta de la sede judicial.
El Ministerio de Justicia seguirá trabajando para
cubrir las necesidades de los funcionarios de los órganos judiciales en estas
circunstancias excepcionales, en coordinación y diálogo permanente con las
comunidades autónomas, para asegurar la prestación de los servicios esenciales en
las mejores condiciones posibles y garantizar el mantenimiento de un servicio
público imprescindible.