La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha explicado ante la Comisión de
EconomÃa, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las lÃneas maestras del
presupuesto de su departamento para el año que viene.
Las cuentas alcanzan los 313, millones de euros, un 6'8% más
que en el ejercicio anterior que confirma la tendencia al alza iniciada
en 2015 ya que, desde entonces, el dinero que destina el Consell a las
materias que son competencia de la Conselleria de Justicia ha aumentado
en un 21%.
El objetivo de los presupuestos, según ha explicado la
consellera, es "garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de
condiciones". En este sentido, las prioridades serán "la justicia
gratuita con la dignificación y buen funcionamiento del turno de
oficio", asà como "el impulso de la mediación como alternativa a la
judicialización" y el aumento del número de oficinas de asistencia a las
vÃctimas del delito.
La consellera no ha olvidado la reivindicación de incrementar
la planta judicial en la Comunitat Valenciana porque, "somos la tercera
autonomÃa con más carga de trabajo, asà que la creación de catorce
nuevos órganos judiciales para 2018 acordado por el Gobierno central no
es suficiente".
22 millones de euros para las sedes judiciales
Gabriela
Bravo ha informado de que se invertirán 22 millones de euros para
mejorar, reformar y construir nuevas sedes judiciales. Esto supone un
aumento del 17,2% respecto al año pasado y de un 110% sobre el 2015.
La consellera ha recordado "el estado lamentable del parque de
edificios de la Comunitat" y que al inicio de la legislatura ya anunció
que la prioridad iba a ser acabar con las condiciones insalubres en las
que trabajaba el personal destinado en las sedes de Alcoi, Mislata y la
FiscalÃa de GandÃa.
En este sentido, la consellera ha anunciado que "el problema de
Alcoi está solucionado, las obras de la nueva sede de la FiscalÃa de
GandÃa culminarán este ejercicio y las que adecuan los nuevos espacios
de los juzgados de Mislata comienzan hoy mismo". Además, la consellera
ha asegurado que el 85% de las sedes judiciales "necesitan actuaciones
de mejora" y por eso era necesario "impulsar la elaboración de un plan
que nos permitiera abordar el cometido de una forma integral".
De los 22 millones destinados a este fin, 12,6 millones se
destinarán a intervenciones más urgentes para licitar los proyectos y
direcciones de obra de los juzgados de Ontinyent, Nules, Vinaròs,
Torrevieja, Villajoyosa, asà como a las mejoras en el Palacio de
Justicia de Benalúa en Alicante y la sede del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana en la capital.
También se destinarán 6,2 millones de euros para la
construcción de nuevas sedes, lo que permitirá licitar las direcciones
de obra para los juzgados de LlÃria, Alzira y Alicante (donde se
necesita un nuevo edificio que descongestione la sede de Benalúa).
En esta partida se incluyen las anualidades comprometidas para
la construcción de las nuevas instalaciones en Elx, Paterna y Vila-real.
También habrá 2 millones de euros para llevar a cabo un 'Plan Renove'
de mobiliario judicial y, de los Fondos Feder, se dispondrán 1,1
millones de euros para llevar a cabo diferentes proyectos de eficiencia
energética.
91,9 millones para mejorar el sistema valenciano de Justicia
Gabriela
Bravo ha recordado a los diputados que "de nada sirve construir o
reformar sedes judiciales si no nos preocupamos del mantenimiento", asÃ
como de garantizar todos los servicios que requieren los ciudadanos.
Para acometer esta tarea, los Presupuestos contemplan un total de 91,9
millones de euros.
Tal y como ha dicho la consellera, "es una tarea ingente
remontar quince años de abandono" y de ahà que el CapÃtulo II de los
Presupuestos crezca en 2018 un 18,5%, pasando de 35,5 millones de euros a
42,1 millones para mejorar las tareas de mantenimiento de las sedes y
la creación de una nueva unidad administrativa encargada de coordinar
todo los trabajos en esta materia. En esta lÃnea presupuestaria se
contemplan también el pago de los honorarios de graduados sociales,
intérpretes y peritos judiciales.
Además, esta partida prevé la inversión de 3,5 millones de
euros para dotar de personal a los diez nuevos juzgados que se pondrán
en marcha en 2018, que estarán en València, La Vila Joiosa, Nules, dos
en Elx, dos en Alicante, Benidorm, Orihuela y Torrevieja. También habrá 4
millones de euros para reforzar el personal de tramitación y auxilio
judicial de los juzgados. Ello supone un incremento de un 33% necesario
para dar la respuesta adecuada a las necesidades de los órganos
judiciales, en especial a los juzgados especializados en
cláusulas-suelo.
Según ha explicado la consellera, para mejorar el servicio de
Justicia Gratuita, se destinarán 33,5 millones de euros al Consejo
Valenciano de Colegios de Abogados para que los letrados del Turno de
Oficio no sólo recuperen las percepciones económicas que tenÃan hace
doce años, sino que las superen por primera vez. Esto supone un
incremento del 18,3% respecto a 2017 y de un 64% desde el inicio de la
legislatura. En la misma lÃnea de actuación se dedicarán 5 millones de
euros para el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
Bravo también ha anunciado que habrá 2,5 millones de euros para
que la Red de la Generalitat de Oficinas de Asistencia a las VÃctimas
del Delito esté operativa en 2018 en 25 sedes judiciales. En ellas
prestarán servicio treinta profesionales, 18 psicólogos y 12
trabajadores sociales, además de 27 letrados. Además, la consellera ha
destacado la previsión presupuestaria de 300.000 euros para la creación
del Centro de Mediación autonómico ante la entrada en vigor de la Ley de
Mediación de la Comunitat Valenciana.
8 millones de euros para mejorar la Administración Valenciana
Bravo
también ha explicado por qué se destinarán 8 millones de euros en las
cuentas del año que viene a mejorar la Función Pública valenciana. AsÃ,
habrá 5,3 millones de euros se destinarán al programa Función Pública
(un 19,5% más que el año anterior) para gestionar todos los concursos de
traslado necesarios para regularizar la plantilla de empleados públicos
dado que de los 17.000 puestos de trabajo, 2.600 están ocupados
provisionalmente y otros 850 mediante adscripciones provisionales.
También se convocarán 18 procesos de turno libre y 12 de
promoción interna de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2015; otros 43
procesos de la OPE de 2016 y, de la OPE de 2017, en las próximas
semanas se ofertarán 1.823 plazas (1.094 de turno libre y 729 de
promoción interna). Para todo ello será necesario gestionar más de 70
procesos de selección. Además, otros 2,7 millones de euros se invertirán
en la formación continua de los trabajadores públicos valencianos.
1,2 millones para la Memoria Democrática y la Convivencia
Gabriela
Bravo ha concluido su intervención recordando el compromiso del Consell
con las vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que
obliga "a poner en marcha todos los instrumentos y medidas necesarias
para que recuperen su dignidad".
Para ello, el Presupuesto de 2018 contempla una partida de
800.000 euros para pagar las labores técnicas de localización,
verificación, delimitación de las fosas comunes (hay más de 300
identificadas entre las tres provincias valencianas), exhumación,
identificación y re-inhumación de las personas desaparecidas durante ese
terrible periodo de la Historia de España.
La partida para esta iniciativa se completa con otros 400.000
euros que se destinarán a costear la adquisición del espacio fÃsico, los
materiales, el equipamiento mobiliario, los gastos de funcionamiento y
la provisión de un número mÃnimo de puestos de trabajo del Instituto
Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las
Libertades Públicas, el cual tendrá su sede en Alicante.
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