La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas casi ha cuadriplicado el número de funcionarios y funcionarias de refuerzo que, durante 2017, se han destinado a los juzgados de la Comunitat Valenciana. AsÃ, el despliegue de trabajadores dedicados a tratar de solventar los problemas coyunturales motivados por la sobrecarga de trabajo en las distintas unidades judiciales ha pasado de los 50 efectivos en el ejercicio 2015 a los 232 que se han destinado a estos fines durante el año 2017.
Durante el primer semestre de 2017, a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el departamento que dirige Gabriela Bravo envió 87 trabajadores entre gestores, tramitadores y auxilios judiciales (que son los cuerpos que dependen de la Generalitat) y forenses para los institutos de Medicina Legal. Todo ello ha supuesto un gasto en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social de estos profesionales de 1.307.900 euros.
En el segundo semestre, debido a la puesta en marcha de los juzgados especializados en demandas de cláusulas-suelo y al plan especial de recuperación de expedientes de la Ciudad de la Justicia de València tras el incendio, la conselleria aumentó los recursos humanos destinados a los órganos judiciales. AsÃ, de junio a diciembre se han enviado 145 funcionarios y funcionarias a las distintas sedes judiciales de las tres provincias. En total, el coste de todo el año ha sido de 3.074.556 euros.
A lo largo de 2017 ha sido necesario incrementar el volumen de refuerzos a la Justicia valenciana, dada la falta de creación de juzgados en los últimos siete años. Para tratar de paliar esta situación, desde el inicio de la presente legislatura la Conselleria ha adoptado diferentes iniciativas, entre ellas el aumento exponencial de la partida presupuestaria dedicada al nombramiento de funcionarios de refuerzo.
Para el ejercicio de 2018, habrá otros cuatro millones de euros para reforzar el personal de tramitación y auxilio judicial de los juzgados. Ello supone un incremento de un 33 por ciento respecto a 2017.
En los dos últimos años, a pesar de la disminución de las cargas de trabajo que se ha experimentado en los juzgados en comparación con el punto álgido de la crisis económica, se ha triplicado el gasto en refuerzos; un desembolso que ha pasado de los 1,3 millones de euros que destinaron para este fin en 2015 a los 3,07 millones que ya se han destinado en 2017.
Por provincias, en Castellón se destinaron 29 funcionarios y funcionarias en 2017 (13 durante el primer semestre y otros 16 durante el segundo) mientras que en Valencia fueron 115 (33 durante el primer semestre y 82 en el segundo, de los cuales, 40 se destinaron a las tareas de recuperación de los expedientes dañados por el incendio del 10 de septiembre en la Ciudad de la Justicia). Por último, para los juzgados de la provincia de Alicante fueron 88 los trabajadores y las trabajadoras que fueron solicitados por el TSJCV (41 en el primer semestre y otros 47 en el segundo).
Según ha explicado la consellera Gabriela Bravo, "los números hablan por sà solos y demuestran que el compromiso del Consell con la Administración de Justicia no es pura retórica, sino hechos comprobables". Para la titular de Justicia del Gobierno valenciano, "a pesar de la infrafinanciación y de que todavÃa nos faltan nuevos órganos judiciales que llevamos reclamando desde hace dos años, el Consell está apostando porque los valencianos tengan la administración de Justicia que merecen".
