La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ultima el decreto mediante el cual se crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito. Este organismo se configura para ofrecer a los valencianos que así lo necesiten un servicio de carácter público y gratuito.
Este decreto elaborado por el departamento que dirige Gabriela Bravo cumple el mandato legal establecido en la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito, la cual a su vez incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/29UE del Parlamento Europeo. Esta normativa tiene como objetivo regular la protección y participación de la víctima en los procesos judiciales para garantizar que reciba la reparación adecuada y evitar, a la vez, la segunda victimización de los afectados.
Según ha explicado la consellera Bravo, para el Govern del Botánic "las víctimas son una absoluta prioridad" y, por ese motivo "era necesario superar el actual modelo para ser capaz de atender con mayor eficacia a aquellas personas afectadas por un acto delictivo tanto durante el proceso judicial como a su término y en especial la ayuda psicológica o social que pudieran precisar."
La titular de Justicia ha destacado que la nueva red será especialmente sensible "a los casos de violencia doméstica y de género, una lacra que debemos combatir desde todos los frentes y asegurarnos que quienes que lo padecen cuentan con todos los recursos que la administración puede ofrecerles para su seguridad y para que puedan superar el trauma que han sufrido".
La Red de Oficinas sustituirá a la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (FAVIDE) y su gestión será asumida por la propia Conselleria de Justicia. El organismo se ha diseñado para que actúe como una unidad técnica y multidisciplinar que centralizará y hará accesible a las víctimas todos los recursos de la administración autonómica para garantizar su seguridad y brindarles una asistencia integral y especializada a lo largo de todo el procedimiento judicial e incluso, si fuera necesario, cuando el proceso haya terminado. Para Gabriela Bravo "con este modelo ponemos a las víctimas en el centro de toda la acción asistencial del Consell antes, durante y después de los procesos judiciales en las que estén afectadas mediante cuatro iniciativas: la acogida y orientación, la información, la intervención y el seguimiento cuando todo haya concluido". De hecho, la red de oficinas estará preparada también para intervenir con anterioridad al inicio de un proceso judicial así como para orientar a los usuarios en las posibilidades de mediación extrajudicial.
Esta red de oficinas desarrollará su actividad en coordinación con los órganos judiciales, la Fiscalía, la Abogacía, los institutos de medicina legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con el afectado por un delito. Para ello, la Generalitat contará, en cada oficina, con psicólogos, juristas, trabajadores sociales y criminólogos. También contará con la colaboración de técnicos especializados en la materia cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Para Gabriela Bravo, la renovación de la red de oficinas era imperativa porque, "en los últimos años, los recortes afectaron igualmente al sistema público de protección a las víctimas, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables". La red de oficinas presta atención a casi 20.000 personas al año, de las cuales, el 80 por ciento son mujeres y que el 47,8 por ciento de los delitos denunciados para los que se requiere asistencia estaban relacionados con la violencia de género.
