La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, y la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universitat de València, María Dolores Real, han celebrado este jueves la primera reunión de la Comisión Mixta de la Cátedra DeBlanc para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Durante el encuentro, se ha acordado el plan de trabajo y las actividades del organismo creado mediante la colaboración de la Generalitat con la institución académica.
En la comisión se ha fijado un calendario de reuniones con el Decanato de los Juzgados y la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia para poner en conocimiento de jueces y fiscales las posibilidades de asistencia técnica que les puede ofrecer la cátedra.
Posteriormente, se llevarán a cabo reuniones con los decanatos y fiscalías de las provincias de Alicante y Castellón con el mismo propósito.
Con el mismo objetivo, se llevarán a cabo reuniones con los jefes de las unidades de lucha contra delitos de blanqueo y delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía.
La Cátedra DeBlanc para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales se constituyó el pasado 10 de mayo mediante la firma de un convenio entre la Conselleria de Justicia y la Facultad de Economía de la Universitat de València.
Su función es realizar actividades específicas relacionadas con, por una parte, asistir técnicamente a jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana en la lucha contra este tipo de delitos y, por otra, llevar a cabo programas formativos, divulgativos, investigadores, culturales y de extensión universitaria para incrementar el nivel de formación de jueces y fiscales en esta materia.
La Cátedra DeBlanc está a cargo del Grupo de Investigación de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía. Este grupo está dirigido por los expertos José Manuel Pavía Miralles, Elena Badal Valero y José Antonio Álvarez Jareño. Cuenta con un presupuesto de 80.000 euros para este 2018.
En la reunión también se ha acordado convocar sendas ofertas públicas para la contratación de dos técnicos investigadores (senior y junior) para prestar labores de asistencia en las tareas de la cátedra.
En el ámbito académico se ha acordado convocar un premio al mejor trabajo de investigación presentado en cualquiera de las universidades de la Comunitat Valenciana relacionado con la temática de la cátedra. También se ha decidido la convocatoria de una ayuda para la realización de un proyecto de investigación.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha destacado que la Cátedra está orientada a "dotar a jueces y fiscales de herramientas eficientes tanto desde el punto de vista de su formación en áreas muy especializadas como de la posibilidad de contar con informes técnicos realizados gracias a los conocimientos de última generación".
En opinión de la titular de Justicia del Consell, "estamos ante un proyecto muy potente" aunque "lo ideal sería modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que hubiera un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía cuyos informes fueran válidos desde el punto de vista procesal".
Sin embargo, la consellera ha lamentado que, durante los últimos años, esta petición de jueces y fiscales sólo ha obtenido del Ministerio de Justicia "la callada por respuesta" a pesar de que una iniciativa así "agilizaría los procesos judiciales". Por ello, la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, "ha puesto en marcha esta iniciativa para ayudar a jueces y fiscales a que tengan más herramientas para poder desempeñar su labor".
La consellera ha recordado que la Cátedra DeBlanc es el resultado de una idea "pionera en España, a pesar de que es muy común en otros países de Europa y Estados Unidos donde los expertos universitarios asisten a la Justicia en casos de delincuencia económica de especial complejidad".
Así, Bravo ha mostrado su satisfacción porque la colaboración entre la Generalitat y la Universitat de València ha servido, en este caso, para que "la Comunitat Valenciana sea la primera autonomía cuyos juzgados cuenten con un apoyo de esta naturaleza".
