El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez. -EFE
La Abogacía de la Generalitat estudia la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que desestima el recurso interpuesto por la Conselleria de Sanidad contra el fallo que le condenó en enero por vulnerar el derecho de los médicos de ejercicio privado que no fueron vacunados contra la COVID-19 de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública, por si hubiera lugar a un recurso.
Así lo ha informado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, tras la firma en Casa Mediterráneo de un convenio con la consellera Josefina Bueno y las cinco universidades públicas para la movilidad laboral de las víctimas de la violencia machista.
Tras manifestar que respeta la resolución judicial, ha indicado que la Abogacía de la Generalitat ya estudia el fallo del alto tribunal y que hasta que estos técnicos no se pronuncien no estará en condiciones de asegurar si se va a presentar un recurso.
El TSJCV ha ratificado "íntegramente" la condena previa de un juzgado lo Contencioso-Administrativo y ha rechazado el recurso de la Conselleria al apreciar que "hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados, retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos".
La sentencia destaca que los médicos de ejercicio privado no empezaron a ser vacunados hasta 15 al 21 de febrero de 2021, con casi dos meses de retraso frente a los médicos del sistema público y a pesar del auto de medidas cautelarísimas del 21 de enero de 2021 que dictó el juzgado a petición del Colegio.
