Soldados conectan una manguera a una bomba para ayudar a una vecina a achicar el agua del garaje en Paiporta. EFE- Manuel Bruque-ArchivoLa Abogacía del Estado y la Fiscalía se han opuesto al recurso de la asociación Liberum por inacción del Gobierno en la gestión de la DANA, en el que piden como medida cautelar que el Tribunal Supremo obligue a las administraciones públicas a actuar, al destacar los miles de efectivos y medios desplegados ya en Valencia.
Liberum interpuso un recuso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que a su vez lo remitió al Supremo, contra la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en representación del Ejecutivo, "por la inacción del Gobierno central en la gestión de las inundaciones".
Como cautelar piden una serie de medidas, entre ellas, la implementación inmediata de medidas de emergencia para asegurar el acceso a servicios básicos como el agua potable, alimentos y atención médica; la eliminación del agua estancada; la desinfección de áreas afectadas e impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia de la higiene y la prevención de enfermedades.
Pero la Abogacía, en un escrito que ha adelantado El Periódico de España y al que ha tenido acceso EFE, se opone a la cautelar porque "como es notorio", apunta, estas medidas "ya han sido adoptadas en atención a las necesidades existentes en las zonas siniestradas", por tanto, "las actuaciones que se han desarrollado y se continúan desarrollado en la zona en que se ha producido la catástrofe, hacen innecesaria la adopción de tales medidas".
"Con los medios personales y materiales aportados, es evidente que se está procediendo a intentar que toda la zona afectada tenga acceso a los servicios básicos, se está procediendo a la eliminación del agua estancada, al suministro de agua potable en los lugares en los que no hay, así como facilitar el suministro de alimentos y medicamentos. También a la desinfección de zonas", explica.
Es decir, "acordar una medida cautelar ordenando tales medidas no produciría efecto alguno, en la medida que se está ya ejecutando".
La Abogacía cita la nota ejecutiva del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 20 de noviembre, que "contiene una detallada descripción de los medios y actuaciones desarrollados en la zona".
Detalla que se han activado 8.079 efectivos de las fuerzas armadas junto con 2.056 medios (drones, helicópteros, maquinaria pesada, perros, embarcaciones). A ello debe sumarse 1.965 efectivos y 994 medios de la Guardia Civil, más de 4.000 efectivos de la Policía Nacional, tres brigadas de prevención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al menos 533 efectivos de policías locales de distintas comunidades autónomas.
Además, destaca que a través del mecanismo de protección civil europeo se han recibido medios de Francia, Portugal, Lituania, Suecia, Rumanía, Austria, Italia o Bélgica. También de Marruecos mientras que Turquía ha ofrecido posible ayuda.
Igualmente la Fiscalía sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que los gobiernos central y autonómico "han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos de los municipios afectados por la DANA, el acceso a los servicios públicos esenciales, suministro de agua, alimentos, atención médica, eliminación de aguas estancadas, prestación de servicios sanitarios, medidas de control, ayudas económicas y exenciones fiscales".
Y para ello cita los reales decretos de 5 y 11 de noviembre aprobados por el Ejecutivo central y el decreto ley del Consell de 12 de noviembre que acuerdan dichas actuaciones.
