La Academia Valenciana de Juristas, chiringuito de Sancho, anuncia demanda contra el alcalde de Canet, dos agentes de la Policía Judicial y el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce

La Academia Valenciana de Juristas (AVJ) -el chiringuito que José Antonio Sancho Sempere introdujo en varios Ayuntamientos, entre ellos el de Canet d'En Berenguer, donde fue secretario municipal durante tres décadas- acaba de irrumpir en el Consistorio de esta localidad del Camp de Morvedre presentando una batería de demandas y reclamaciones que amenazan con paralizar el día a día de la gestión municipal y, de paso, lanza mensajes para quienes han roto en los últimos meses con el 'sanchismo'. La última advertencia de 'Il padrino' viene en forma de centenares de instancias y peticiones de pagos de facturas de hasta hace 10 años por juicios de todo tipo, muchos de ellos perdidos por la Academia de Juristas, que llegó a Canet de la mano de Sancho y durante 4 años ganó merced a concursos públicos sospechosos de poco transparentes, al concurrir también en uno de ellos el propio secretario municipal con su empresa de abogado -siendo socio su hijo y jefe de la Policía Local- y en el segundo la mujer del secretario y madre del responsable del cuerpo policial, como ha venido recogiendo en exclusiva El Periódico de Aquí. Entre esas hojas, se ha presentado por registro de entrada un acta notarial en el que supuestamente la AVJ cede la potestad de representación, incluido en juicios, a José Ignacio Torres Alberich, quien ha sido abogado de Sancho, tanto en el juicio que le supuso a principio de año una condena de dos años por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, como en el que se instruye en el juzgado número 12 de Valencia por la 'trama de las asesorías', aunque después dejó de hacerlo.

En el escrito, según ha podido saber este periódico en exclusiva, el tal Torres Alberich comparece ante el notario de Valencia, Ramón Pascual Maiqués, anunciando que es el representante legal a todos los efectos de la Academia Valenciana de Juristas, que aunque está 'desaparecida' a efectos de notificaciones -como ha podido comprobar El Periódico de Aquí, al que le adeuda las costas de la demanda que perdió dicho ente frente al rotativo-, tendría su domicilio, según esta notificación, en la avenida Primado Reig, 94, puerta 12 de Valencia.

Sorprende especialmente el punto que recoge el notario, según el cual, se le confiere al susodicho Torres Alberich las 'facultades especialísimas' como ''interporner acciones judiciales'' contra el alcalde de Canet, Leandro Benito; dos agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial; y el mismísimo fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce. En este último caso, se trata del fiscal que le pedía 11 años de cárcel por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, tránsfuga del PP. Se le acusaba a García de introducir en el Ayuntamiento a la Academia Valenciana de Juristas a cambio de recibir soborno de Sancho. Ambos fueron condenados a principios de este año a 2 años de cárcel cada uno. En este documento del notario, presentado por registro de entrada esta semana, se acusa de un ''presunto delito de revelación de informaciones y secretos por razón de su cargo''. La AVJ coincide con la estrategia que lleva Sancho en el juicio pendiente de la 'trama de las asesorías, que pretendía anularlo al acusar al fiscal, al alcalde y los dos agentes de la Guardia Civil de filtrar información al que arriba firma y a El Periódico de Aquí, peticiones que han caído en saco roto al ser rotundamente falsas. Sancho, de hecho, ha presentado numerosos recortes de este rotativo para intentar frenar el proceso, puesto que, en caso de tener otra condena, acumulada a los 2 años de prisión por sobornar a la ex alcaldesa de la Pobla de Farnals, volvería a la cárcel. En su estrategia, Sancho sostiene que las informaciones publicadas por El Periódico de Aquí vienen de filtraciones de la Guardia Civil, del alcalde e incluso del fiscal, aunque él es el primero en saber el trabajo de investigación independiente y pausado que ha realizado este periódico durante más de 4 años, lo que le supuso 5 demandas de la Academia de Juristas y el propio Sancho Sempere.

El representante de la AVJ ante el notario valenciano también se refiere a acciones judiciales penales contra el ex alcalde de La Pobla de Farnals, José Manuel Peralta -quien fue desalojado por Natividad García con una moción de censura que buscaba saquear al Consistorio-, Paloma Salcedo, ex secretaria del Consistorio; Paula Rico, ex interventora; y José Antonio Sorzano, periodista, a todos ellos por ''los presuntos delitos de acusación y denuncia falsa; delito de infidelidad en la custodia de documentos; delito de falsedad en documento público consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos; y un delito de falso testimonio''.

Todo esto se enmarca en una estrategia para dilatar los procesos judiciales y buscar, de paso, la posible imputación de alguna de las personas que han supuesto la caída en desgracia del otrora todopoderoso secretario municipal. En la misma también participan el jefe de la Policía Local e hijo de Sancho, quien ha presentado una demanda contra su padre y Egevasa -como adelantó en exclusiva también este rotativo- o la que presentó su hija y responsable del Departamento de Contratación en el Ayuntamiento de Canet, contra el propio Consistorio.

La 'trama de las asesorías' investiga la introducción de firmas en distintos Ayuntamientos -una veintena en la provincia de Valencia, entre ellos Canet- para obtener dinero público de informes por trabajos no realizados o inflados económicamente. Además de Sancho, está imputado Rafael Parra Mateu -ambos pasaron el año pasado 6 meses en la cárcel de Picassent de manera preventiva ante la gravedad de lo investigado-, así como una decena de políticos y técnicos municipales.

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(ampliaremos cada día esta y otras informaciones relacionadas con la AVJ y Sancho en elperiodicodeaqui.com y el 5 de agosto en la edición impresa).