El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. EFE- Manuel Bruque-Archivo
La Agencia Valenciana Antifraude ha posibilitado la recuperación de un total de 29 millones de euros en sus tres años de existencia, según el balance que ha hecho la entidad con motivo del Día Mundial de la Persona Alertadora de Corrupción.
La Agencia ha organizado una jornada para conmemorar esta celebración, que coincide con la promulgación este año de la Ley 2/2023 de protección a la persona denunciante de corrupción, según han indicado desde este organismo en un comunicado.
La conferencia principal de la jornada ha corrido a cargo de la presidenta internacional de la World Compliance Association, Alba Lema, especialista en la implementación de sistemas de gestión de "compliance" así como en el diseño de programas de integridad y ética empresarial en organizaciones, tanto de ámbito nacional como en el plano internacional.
A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por la directora adjunta y de asuntos jurídicos de la Agencia, Teresa Clemente, y en la que han participado el presidente del Comité Econòmic i Social (CES), Arturo León, la vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU), Ana Móner, y el letrado de la agencia Juan Vega.
El director de la Agencia, Joan Llinares, ha inaugurado el encuentro y ha destacado "la importancia que tiene un día como hoy", en el que "se quiere poner en valor el papel fundamental que juegan las personas que alertan, informan o denuncian sobre de fraude y corrupción".
"La Agencia fue la primera autoridad en España en contar con un Estatuto de Protección para las personas denunciantes de corrupción y en estos momentos tiene bajo protección a 30 personas físicas y a una persona jurídica", ha detallado Llinares.
A su juicio, esta "protección efectiva" de las personas denunciantes, junto con los "más de 29 millones de euros de cantidades recuperables en los últimos 3 años", son "sin duda los mejores avales del trabajo" de la Agencia.
"A esto tenemos que sumar todo ese valor intangible que no se puede cuantificar en dinero derivado de las acciones de formación y prevención que en materia de ética e integridad pública realiza la Agencia", ha afirmado.
Ha concluido preguntándose "cuántas personas no habrán cometido una actuación de fraude y corrupción al saber que existe una agencia que puede investigar y perseguir este tipo de actuaciones".
