La AJV defiende la independencia del poder judicial y exige medios económicos para el pleno derecho a la Justicia

Con ocasión de las recientes declaraciones de la Vicepresidenta del Consell relativas a las últimas decisiones del TSJ-CV sobre las normas recurridas en materia de Educación, la Associació de Juristes Valencians, fiel a su compromiso en defensa del Derecho, quiere manifestar que la crítica pública de las resoluciones judiciales, al margen del régimen de recursos previstos en las leyes, no sólo es conveniente sino necesaria en una sociedad democrática avanzada. Los jueces son un poder del Estado y sus resoluciones afectan a la vida de los ciudadanos y a las relaciones entre los demás poderes e instituciones, por lo que pretender excluirlas del debate público y ciudadano es limitar indebidamente los valores de libertad y pluralismo que informan el ordenamiento (art. 1.1 CE).

Sin embargo, esa crítica ha de hacerse al contenido de las Sentencias y Autos, huyendo siempre de la deslegitimación de los jueces, quienes actúan conforme al estatuto constitucional que les corresponde cuando, con independencia y responsabilidad (art. 117 CE), "controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y la sumisión de ésta a los fines que la justifican" (art. 106.1 CE). Para ello cuentan con la legitimidad constitucional, sin que sea necesaria ninguna legitimidad añadida.

Desde la AJV se señala que en ningún caso se trata de una crítica política ni se entra a valorar el contenido de la resolución a debate. Se trata de una cuestión de principios que inspiran nuestra organización constitucional y garantizan el equilibrio de poderes del Estado, y que no caben ni en este caso concreto, ni respecto de dirigentes destacados de otras opciones políticas deslegitimar a los jueces.

Por otra parte, la AJV quiere enfatizar la falta de medios en los juzgados valencianos, así como de las dotaciones presupuestarias suficientes y en tipo destinadas al turno de oficio y a la asistencia al detenido, amenazan colapsar el derecho a la justicia de los 5 millones de ciudadanos valencianos, a nuestro juicio, por falto de apoyo de los grupos políticos, vía presupuestos generales del Estado y de la propia Generalitat Valenciana.

L´Associació de Juristes Valencians se suma así a los comunicados ya emitidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Jueces para la Democracia o la Asociación Profesional de la Magistratura en Valencia en defensa de la imprescindible independencia judicial."