Desde la asociación se aseguraba que con su puesta en marcha se pretende conseguir los fondos necesarios para presentar un recurso contencioso administrativo contra el ya denominado "catastrazo".
El problema se centra en que "existen muchos errores administrativos en la elaboración del catastro del municipio. Tanto es así, que se ha comprobado que la valoración del suelo es errónea, porque se ha realizado con los datos del año 2005, cuando el valor del suelo era altísimo, a causa de la burbuja inmobiliaria", según se explicaba desde la asociación.
En este sentido, con los fondos recaudados que provienen de cada uno de los socios, también se contempla la elaboración de un estudio del catastro de todo el municipio, que "no hay que olvidar que va por zonas y calles. Con este peritaje se podrá presentar el contencioso", se afirmaba.
El portavoz de la asociación, Miguel Ángel González, incidía en el hecho de que "si el catastro está mal calculado repercute negativamente sobre el ciudadano, por ejemplo, a la hora de pagar el IBI, en el tema de herencias y de transmisión de la vivienda, en la concesión o no de becas, etc, porque para todo ello se valora y se tienen en cuenta las rentas familiares y las patrimoniales".
Desde la asociación se reconocía que se necesitaría unos 2.000 socios para que dentro de unos tres o cuatro meses, se pueda contar con el presupuesto necesario para iniciar el estudio de peritaje.
Por otro lado, se explicaba que "cada demanda cuesta unos 800 euros". Además, "si el Juez nos lo permite, tenemos previsto presentar demandas en bloques de diez, es decir, diez demandas de golpe e intentar que varias sean presentadas por medio de la llamada justicia gratuita, sobre todo, en las que serán presentadas por pensionistas y jubilados y personas que sufren una situación precaria". Así pues, los ciudadanos interesados en formar parte de la asociación, solamente tienen que rellenar el formulario de inscripción y abonar una cuota anual, ya sea de 25, 50, 100 euros o de la cantidad que se quiera, por domiciliación bancaria. De este modo, si en las próximas elecciones, el ayuntamiento cambiara de color político y no se realizara finalmente el juicio, se podrá devolver la cuantía donada a cada uno de los socios, ya que por medio de la domiciliación se efectuaría la devolución.
