Vista de una sala. -EPDALa Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de tres años y cinco meses, así como a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana que cobraba a cambio de tramitar tarjetas de transportes para vehículos que no cumplían los requisitos para obtenerlas.
La Sala la considera autora de los delitos de prevaricación, cohecho y un delito continuado de falsedad en documento oficial, para los que aprecia las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.
Asimismo, el Tribunal acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad durante tres años a condición de que la mujer no vuelva a delinquir en dicho periodo y devuelva en plazos mensuales los 17.550 euros que aún debe abonar para hacer frente al decomiso del total de las ganancias obtenidas de forma fraudulenta.
La sentencia considera probado que la condenada, que era jefa de negociado y tenía asignada la tarea de tramitación de los expedientes de concesión de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros, pactó con un gestor de Valencia, con el que tenía relación personal y profesional, repartirse beneficios obtenidos con la tramitación y obtención de determinados títulos de transporte.
Dicho gestor -también acusado en este procedimiento pese a que no fue juzgado debido a que falleció con anterioridad a la celebración del juicio- había recibido una solicitud de precios y plazos para la emisión de tarjetas de transporte por parte de otra gestoría ubicada en Melilla.
Esta última había experimentado un aumento considerable de clientes que necesitaban regularizar su actividad con urgencia como consecuencia del incremento de vehículos que trasladaban mercancías desde naves de almacenamiento la ciudad autónoma hasta los pasos fronterizos de Marruecos, donde las cargas eran descargadas y entregadas a porteadores.
Según la resolución judicial, los vehículos de los chóferes de Melilla no cumplían con los requisitos que contemplaba la ley debido a su antigüedad, circunstancia que dificultaba la obtención de una primera tarjeta, que era indispensable para circular, y ampliar después con una tarjeta de transporte adicional, la flota.
La asesoría de Melilla, al tener de conocimiento de que era más fácil obtener esos documentos en el territorio peninsular, consultó con otras asesorías y solicitó información de precios y plazos de expedición para trasladarlos a sus clientes.
De este modo, contactaron con el gestor de Valencia, quien tras pactar con la condenada la realización de las maquinaciones necesarias para la obtención de las primeras tarjetas de transporte, comunicó a la gestoría de Melilla que podrían tenerlas en un plazo muy breve a cambio del pago de 4.000 euros por unidad.
De ese dinero, la funcionaria ahora condenada se quedaba con 500 euros por título tramitado y el gestor valenciano, con los restantes 3.500. La sentencia no ha considerado probado que ni la gestoría de Melilla ni ninguno sus trabajadores tuvieran conocimiento de la ilegalidad de los hechos que ocurrían en Valencia.
A través de este procedimiento fraudulento, la funcionaria encausada tramitó más de 70 títulos entre los meses de junio y julio de 2018, de los que obtuvo unos beneficios de 36.500 euros en total.
Con anterioridad a la celebración del juicio, la mujer consignó en el juzgado 18.000 euros para hacer frente al decomiso de esas ganancias. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
