Dos funcionarios de la cárcel de Picassent se encuentra en el módulo 4 del centro penitenciario, cuando se oyen ruídos desde el patio del módulo 24. Cuando consiguen llegar se encuentran una pelea entre los internos que se enzarzan entre ellos con pinchos y puñetazos. El resultado son cortes, huesos rotos e incluso pinchazos entre ellos. Gracias a la ayuda de compañeros cercanos de otros módulos logran calmar las aguas y controlar la situación.
Esto ocurrió a principios de julio, pero podría suceder cualquier día. La falta de personal, provoca que ocurran más de lo necesario todos estos incidentes, no sólo en el centro penitenciario de Picassent, sino en todo el territorio español.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alza la voz y lleva desde hace años denunciado la falta de personal en este campo. El presidente autonómico del sector de Instituciones Penintenciarias, Jorge Vilas, explica que la cárcel de Picassent sufre un déficit de 80 trabajadores. La situación se ha vuelto insostenible y en cada guardia solo hay dos funcionarios para los más de 100 internos de cada módulo. En total unos 800 trabajadores entre agentes, área mixta y sanitarios frente a los 2000 presos que ocupan el centro de Picassent y que tiene una media de 150 ingresos nuevos todos los meses.
Para los meses de verano, el centro penitenciario ha contratado tres funcionarios en prácticas que se hacen, totalmente, insuficientes para controlar y solucionar los incidentes que se pueden generar cada día. Por eso, el CSIF reclama que se deje de mirar hacia otro lado y que desde Secretaría General den solución a estos problemas de empleabilidad en el centro y cumpla las indicaciones del Defensor del Pueblo procediendo a cerrar el módulo que alberga a los internos más peligrosos.
El presidente del CSIF de Prisiones en la Comunidad Valenciana, Jorge Vilas, corrobora la necesidad de nuevas plazas por la falta de funcionarios, no solo en Picassent sino en todo el país. Asegura que faltan un total de 3.400 nuevos empleados para los centros penitenciarios. Por primera vez desde hace años, el estado saca 830 plazas, insuficientes, porque cada año por causas de jubilación, enfermedades y otros aspectos se dan de baja un total de 500 trabajadores de las cárceles españolas.
Vilar afirma que el CSIF junto a los funcionarios se encuentran movilizados desde hace dos años, un proceso de reivindicación que comenzaron con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que hoy sigue en pie con el gobierno en funciones del PSOE. El CSIF esta a la espera del nombramiento del nuevo ministro de Interior para tener una reunión en primera persona con él o ella, para trasladarle de primera mano los problemas que sufre el funcionariado de las carceles penitenciarias del país.
Además Vilar asegura que el suceso de Picassent, afortunadamente, ocurrió entre los propios presos, pero que cada día en España, un funcionario de una cárcel es agredido por uno de los internos y eso es porque los técnicos no están considerados agentes de seguridad al igual que los cuerpos policiales. Por lo tanto, agredir a un funcionario del centro penitenciario no conlleva ninguna repercusión penal para los presos, quiénes "se lo pensarían dos veces antes de pegar a un trabajador, si pudieran aumentarle la pena por ello" asegura el presidente de prisiones valenciano, Jorge Vilas.
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Patio interior del módulo uno de la cárcel de Picassent
