La Comunitat Valenciana, Andalucía y Cataluña se unen contra la nueva Ley Audiovisual

Los consejos audiovisuales de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía se han unido para denunciar que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual "limita" las competencias autonómicas y "no es acorde" al nuevo ecosistema audiovisual marcado por los servicios digitales.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves, en una rueda de prensa telemática conjunta, los representantes de los consejos audiovisuales de la Comunitat Valenciana (José María Vidal, CACV), Cataluña (Roger Loppacher, CAC) y Andalucía (Antonio Checa, CAA), que han manifestado su preocupación por un texto que "no recoge" sus alegaciones y "no se corresponde con un Estado autonómico".

Han asegurado asimismo que "no comparten" la distribución competencial que prevé el proyecto de ley y reclaman que la futura norma establezca el principio de colaboración entre las distintas autoridades de regulación para afrontar los nuevos retos del audiovisual.

Para ello, instan a que durante el trámite parlamentario se introduzcan los cambios necesarios para asegurar competencias plenas respecto a las emisiones digitales en los medios autonómicos, y una actuación "concertada y colaborativa" entre los reguladores audiovisuales independientes del Estado en supervisión del control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos, la protección de menores, la promoción de obras europeas o la diversidad lingüística en los servicios a petición.

"Sería una mala decisión no actuar con todos los activos que tenemos", ha señalado el presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, quien ha instado a "sumar esfuerzos" y "cooperar" como manera "más eficiente" de optimizar los recursos públicos y garantizar una "mejor protección de la ciudadanía en un mundo audiovisual digital".

Loppacher ha lamentado asimismo que la nueva ley no atribuya a los consejos territoriales ninguna competencia en relación a los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición ni a las plataformas de intercambio de vídeos.

Un hecho, ha aseverado, "especialmente grave si tenemos en cuenta que estos servicios y plataformas constituyen en la actualidad una de las principales fuentes de consumo audiovisual de la ciudadanía", sobre todo de los jóvenes y menores, y ha defendido que los reguladores territoriales "tienen la misión de velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual" y una "amplia experiencia" en los sistemas de control.

"Limitar nuestras competencias y centralizarlas únicamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supondría recortar nuestra capacidad de acción en temas tan relevantes como la protección de los menores, el discurso del odio, la publicidad encubierta, la desinformación" o la diversidad cultural en las plataformas, ha añadido el representante del CAC.

Por su parte, el presidente del consejo del audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, ha afirmado que esta nueva ley era "imprescindible" ante los cambios registrados en el sector audiovisual en la última década, pero ha mostrado su "decepción" ante un texto que "deja al margen" a las autonomías.

Estas, a su juicio, deberían tener un papel importante en la corregulación de un sector "complejo, en cambio y en crecimiento" constante.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, quien ha lamentado que la nueva ley "apenas tiene en cuenta que la actual y la nueva realidad audiovisual en el entorno digital va más allá de la M-30 y que está construida y debe seguir construyéndose sobre la suma de las pluralidades".

"No acabamos de entender cómo un Gobierno que apuesta por la descentralización no apueste también por la cooperación entre las distintas administraciones" autonómicas para "sumar" y aunar esfuerzos junto a la CNMC en la adopción de acuerdos en el nuevo entorno audiovisual "online", ha añadido.

Los consejos territoriales de Cataluña, la Comunitat Valenciana y Andalucía, cuyos territorios suman el 45 % de la población del país, han defendido asimismo que el 1,5 % de los ingresos de los servicios audiovisuales televisivos a petición y de las plataformas de intercambio de vídeos que se destinará a RTVE "financie también a los servicios públicos audiovisuales territoriales o autonómicos", porque una buena parte de la publicidad de estos servicios se ha desplazado al mundo digital.

Preguntado por último sobre el acuerdo entre ERC y el Gobierno sobre el tratamiento del catalán y las demás lenguas cooficiales en la futura Ley Audiovisual, Loppacher ha señalado que, a la espera de conocer el acuerdo definitivo, "cualquier mejora en la producción audiovisual en lenguas cooficiales es bienvenida".