Alumnos del instituto en una imagen de archivo. EFE- Román RÃos
La Comunitat Valenciana y La Región de Murcia han sido las dos comunidades autónomas que más han aumentado su gasto educativo en 2024, por encima del 10 % mientras que en Aragón y Castilla y León se incrementó el 7,2 %, respectivamente.
El gasto público en Educación en el año 2024 para el conjunto de las administraciones y universidades públicas fue de 71.348 millones de euros, según los datos provisionales de la EstadÃstica del Gasto Público en Educación publicada este miércoles.
Esta cantidad supone un 4,8 % más en relación con el año 2023, cuando fue de 68.065 millones.
Según actividades educativas, la educación Infantil y Primaria, incluida la educación Especial, supuso el 33,5 % del total, mientras la educación Secundaria y Formación Profesional, el 30,4 %. Por su parte, la educación Universitaria supuso el 18,8 %.
El gasto en personal representó el 59,5 %, 42.460 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2 % respecto al 2023, mientras que las becas y ayudas al estudio ascendieron a 3.304 millones de euros (el 4,8 % del total del gasto), un incremento del 0,9 %.
Además, el gasto destinado a la formación profesional acreditable dirigida a personas trabajadoras aumentó en un 3,7 % con respecto al año 2023.
La mayor parte del gasto educativo le correspondió a las administraciones autonómicas, que gestionaron el 84,3 % y mientras AndalucÃa es la que más importe destinó 11.585 millones de euros, el gasto menor correspondió a La Rioja y Cantabria, 439 millones de euros y 800 millones de euros, respectivamente.
Todas las comunidades autónomas aumentaron su gasto en Educación pero donde más creció fue en la Comunitat Valenciana (11,8 % frente a 2023) y en La Región de Murcia (10,2 %).
Le siguieron en incremento de gasto Aragón y Castilla y León (7,2 % respectivamente), PaÃs Vasco (6,6 %), Canarias (6,5 %) y Baleares, Galicia y La Rioja (5,6 %, respectivamente).
Cataluña y Madrid aumentaron su gasto educativo el 5,5 % hasta los 9.700 millones de euros la administración catalana y hasta los 7.500 millones de euros la madrileña.
