Imagen de archivo de la Bolsa de Valencia. -EFE -Kai FörsterlingLas comunidades autónomas que registraron mayor déficit en febrero fueron Baleares (0,38 % del PIB), Murcia (0,31 %), Comunitat Valenciana (0,27 %), y Navarra (0,18 %), mientras que el superávit más destacado se registró en Canarias (0,35 % del PIB) y Asturias (0,27 %).
El déficit de la Comunitat Valenciana alcanzó los 349 millones de euros en febrero, frente a los 599 millones del mismo mes de 2022, que en aquel momento suponía el 0,48 % del PIB.
En el conjunto de España, los nuevos impuestos que han entrado en vigor en 2023 -sobre los plásticos no reutilizables y, sobre todo, los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas- dispararon en un 6,2 % la recaudación tributaria del Estado en el primer trimestre.
El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes los datos de ejecución presupuestaria del Estado del primer trimestre, que revelan una importante corrección del déficit por el impacto extraordinario de estos impuestos: bajó a 510 millones de euros, un 91,4 % menos que en el mismo periodo de 2022, un 0,04 % del PIB.
En esos tres meses, el Estado recaudó 50.367 millones, un 6,2 % más, pero Hacienda precisa que la mitad del aumento (1.537 millones) está relacionado con la implementación de los tres nuevos tributos y, en especial, con el hecho de que los gravámenes sobre la banca y las energéticas abonaron su primer pago en febrero, provocando un aumento de los ingresos que no tendrá continuidad mensual (la liquidación no se producirá hasta septiembre).
Si se descuenta el efecto de las nuevas figuras tributarias, la recaudación creció un 2,9 % en el primer trimestre, con avances en IRPF (7,6 %) e IVA (3,3 %), pero un descenso del impuesto de sociedades del 41,1 %.
Junto con la buena marcha de la recaudación, el aumento de los ingresos del Estado en el primer trimestre -60.054 millones, un 9,7 % más- fue posible gracias a los dividendos del Banco de España (1.369 millones) y Loterías del Estado (400 millones).
Por lo que respecta a los gastos -60.564 millones, un 0,2 % menos-, cayeron por las menores aportaciones a la Unión Europea basados en el IVA y RNB (un 27,3 % menos), la bajada de las inversiones (13,5 % menos) y el menor gasto en intereses (6,4 % menos).
En cambio, en el primer trimestre aumentó el gasto en remuneración de asalariados (un 3,2 %, por la subida salarial), consumos intermedios (2,9 %) y, subvenciones (un 45,9 %), en este caso por financiación del sistema eléctrico, ayudas al transporte o a las empresas gasintensivas.
Hacienda también ha publicado este viernes los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas -salvo las corporaciones locales- de los dos primeros meses del año, que arrojan un déficit de 8.575 millones de euros, un 30,9 % menos que en el mismo periodo de 2022 y una cifra equivalente al 0,62 % del PIB.
Esta corrección se produce ante el fuerte aumento de los ingresos públicos del 10,6 % en los dos primeros meses del año -con un crecimiento de la recaudación tributaria del 8,6 %-, muy superior al incremento de los gastos, del 4,4 %.
La Administración central acumuló la mayor parte del déficit -7.815 millones, un 0,56 % del PIB- pese a reducirlo en un 24,6 % gracias a la buena marcha de los ingresos (aumentaron un 12,3 %), lo que permitió compensar las mayores transferencias a las comunidades autónomas y las subvenciones implementadas este año.
Precisamente las mayores transferencias de la administración central fueron uno de los factores que contribuyó a rebajar el déficit autonómico -a 183 millones (0,01 % del PIB), un 84,5 % menos- a pesar del aumento del gasto en remuneración de asalariados y otras partidas.
Las comunidades autónomas que registraron mayor déficit fueron Baleares (0,38 % del PIB), Murcia (0,31 %), Comunitat Valenciana (0,27 %), y Navarra (0,18 %), mientras que el superávit más destacado se registró en Canarias (0,35 % del PIB) y Asturias (0,27 %).
Por lo que respecta a los fondos de la Seguridad Social, su déficit fue de 577 millones, un 32,8 % menos y un 0,04 % del PIB, gracias al aumento de las cotizaciones sociales y a las mayores transferencias recibidas del Estado.
