La ciudad de la Justicia. EFE-ArchivoLa consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que la Comunitat Valenciana pondrá en marcha los dos nuevos juzgados que el Ministerio de Justicia ha otorgado a esta autonomÃa para atender asuntos relacionados con la crisis de la COVID-19.
Estos nuevos órganos se constituirán en las jurisdicciones más afectadas por la crisis sanitaria (la de lo Contencioso-administrativo, Social y los juzgados de lo Mercantil) dada la previsión del incremento de reclamaciones patrimoniales, despidos y concursos previstas, según un comunicado de Generalitat.
Bravo ha hecho este anuncio tras participar en la reunión, por videoconferencia, de la Comisión de Coordinación de la Administración de Justicia para la lucha contra la COVID-19, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a la que han asistido los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la FiscalÃa General del Estado y del Consejo General de la AbogacÃa Española.
En su intervención, Bravo ha agradecido la decisión del Ministerio de Justicia y ha recordado la necesidad de crear nuevos órganos "dado el grado de afectación y la gran carga de trabajo que se acumula en jurisdicciones de lo Social y lo Civil debido a la crisis económica producida por la emergencia sanitaria de la COVID-19".
Desde el Ministerio se ha hecho llegar a las autonomÃas con competencias en materia de Justicia la distribución de 15 nuevas unidades judiciales que a partir del próximo mes de septiembre está previsto que atiendan temporalmente los asuntos derivados de la crisis del COVID-19.
De esta manera, se pretende agilizar la actividad judicial en los órdenes de lo Social y Contencioso-administrativo, asà como en el ámbito de los juzgados de lo Mercantil, para contribuir a una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis sanitaria.
El criterio de distribución se ha realizado teniendo en cuenta los parámetros de la población de derecho y la litigiosidad, según las fuentes.
