En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda se ha asegurado que las cifras expuestas desde algunas instancias en relación al ahorro por estos conceptos, vienen referidas a una parte del personal afectado por la medida, por lo que se confunde una parte con el ahorro total previsto.
De hecho, las medidas de austeridad relativas, tanto al Plan de Pensiones como a las ayudas sociales, recogidas en el Decreto Ley 1/2012 contemplan el ahorro anual siguiente:
Un total de 15,5 millones de euros en cuanto a la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones, de los que 14 millones corresponde al personal de la Administración de la Generalitat, incluido el personal estatutario de sanidad, y 1,5 millones a su sector público. Un total de 6,3 millones de euros se refieren a la suspensión de las ayudas sociales, de los que 1,3 millones pertenece al personal de la Administración de la Generalitat y 5 al del sector público.
Desde la Conselleria de Hacienda se ha resaltado que desde algunas instancias se está intentando confundir a la sociedad manipulando los datos y olvidando que una cosa es la administración de la Generalitat y otra sanidad, educación, justicia y el sector público.
Asimismo se ha indicado que en todo momento el Consell está trabajando para defender los intereses de los empleados públicos, a pesar de que la situación de crisis económica actual, haya exigido la adopción de medidas extraordinarias y temporales.
