FUENTE: PSPVMás de dos millones de euros es lo que adeuda la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en concepto de ayudas a la vivienda, desde 2009 en Camp de Túria, según los datos facilitados por la diputada del PSPV María José Salvador. Esto se traduce a que son cientos los propietarios del Camp de Túria que, desde hace 5 años, están esperando las subvenciones del cheque-vivienda, de alquiler o rehabilitación.
La titular de la Vivienda, Isabel Bonig se reunió con los representantes de la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda y prometió que saldaría parte de esa deuda, alrededor de unos 40 millones de euros (a nivel autonómico), antes del 31 de diciembre. Desde la conselleria se aseguró que durante el mes de octubre se comenzaría a pagar las ayudas teniendo en cuenta el orden de llagada y de petición. La portavoz de la Plataforma aseguraba que "no teníamos datos para asegurar que se habían abonado las ayudas".
Vendiendo humo
Algunos de los propietarios que están pendientes de recibir los pagos han estado en contacto con el PROP de la Generalitat Valenciana para poder presentar la documentación. Desde el organismo público se informaba que dicho trámite correspondía a un paso previo al ingreso de la ayuda. La Plataforma se muestra incrédula y alegan que "tenemos la sensación de que nos están vendiendo humo otra vez". "La gestión está siendo caótica ya que hay beneficiarios de marzo que todavía no han recibido ninguna llamada ni se les ha hecho ningún ingreso y otros que lo tienen aprobado mucho después a los que sí se les ha llamado, por lo que el orden de antigüedad no se está cumpliendo".
Los portavoces del colectivo, lamentan que el plan de pagos no contemplen la totalidad de la deuda de la Comunitat Valenciana y que asciende a 240 millones de euros y que solo se vayan a pagar 40 millones. La Plataforma añade que "Bonig volverá a reunirse con nosotros el año que viene para establecer un calendario de pagos con una partida de 100 millones extra, pero no se comprometió a nada".
"Llevamos cinco años esperando y solo nos hemos encontrado promesas incumplidas por lo que es lógico que nos mostremos escépticos ante cualquier nuevo anuncio", alegan desde la asociación de afectados. Muchos han optado por la vía judicial para recuperar las ayudas que les prometieron porque, según los cálculos realizados por la Plataforma "faltarían otros 100 millones, a parte de los que ha nombrado la consellera, para pagar a todo los que se les reconocieron las subvenciones, lo que implicaría que las familias a las que se les aprobó la ayuda de 2010 en adelante podrían quedarse sin nada".
La diputada socialista María José Salvador consideró que esta situación era "una estafa a los ciudadanos y que confió en la administración para acceder a una VPO o rehabilitar su vivienda". Salvador exigió a la consellera "un calendario de pago del total de la deuda" por "una cuestión de justicia.
