ONG e instituciones alertan de que la crisis económica causada por el coronavirus podría llevar a que en un futuro próximo se multipliquen las detenciones en el extranjero de españoles captados por las mafias del narcotráfico aprovechando sus dificultades económicas.

Estas organizaciones, en ocasiones, llegan incluso a usar datos sobre procedimientos de ejecución por impago, a consultar el registro mercantil o a captar a personas en la cola del paro, según explica a Efe una fuente que ha visitado a muchos de estos detenidos en las últimas décadas.

Según datos de la ONG Fundación +34, especializada en cooperar con las familias de estas personas, desde el comienzo de la crisis financiera de 2007 y 2008 y hasta el peor momento de la misma, en 2011 y 2012, el número de españoles presos en el extranjero subió casi un 40 %.

Por contra, desde 2011, cuando llegó a haber 2.586 españoles presos en el extranjero, hasta 2019, cuando eran 965, su número no ha hecho sino disminuir, al tiempo que mejoraba el empleo y crecía la economía de España.

La gran mayoría de los presos españoles en el extranjero ha sido condenada por delitos de tráfico de drogas. Son "mulas", hombres (en mayor proporción) o mujeres que, por encargo de una organización mafiosa, se arriesgan a llevar unos pocos kilos de uno u otro tipo de droga ilegal a través de la frontera; en buena parte de los casos, los países de origen son latinoamericanos, por ejemplo Perú.

Carmen Comas, directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo, una institución muy comprometida con los presos españoles en el extranjero, explica: "Ahora tenemos menos, pero con la crisis es de temer que la situación empeore. La gente debe darse cuenta de que no son bromas, se pasa muy mal; según el país la condena puede ser perfectamente de diez años, pero puede llegar a cadena perpetua o pena de muerte".

"Las condiciones suelen ser muy malas, malas de verdad. Incluso con serias dificultades para comer", añade Comas antes de explicar que "una de las peores cosas es no saber cuánto te queda allí, la falta de información. Además, en buena parte de los casos es gente que no ha delinquido nunca, lo que les hace aún más difícil sobrevivir en ese ambiente".

El Defensor del Pueblo intenta proteger los derechos humanos de estos ciudadanos españoles y, a este respecto, sobre todo revisa las actuaciones de las Administraciones competentes, en especial los consulados. Así, vigila que atiendan necesidades médicas o de asistencia legal, o que presten las ayudas económicas que prevé la normativa española para estas personas, entre otras funciones que la ley les encomienda.

Otras instituciones también han tenido intervención en la mejora de la situación de presos españoles, como la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Policía e Interpol.

En un Informe de 2015, el Defensor recomendó que cuando España flete un avión para expulsar a inmigrantes irregulares en vuelos pagados por FRONTEX se traiga, en el viaje de vuelta, a presos españoles con el traslado aprobado, o en libertad pero sin medios para volver. El resultado han sido varios vuelos con entre 30 y 40 españoles repatriados.

Pero antes de volver, los presos habrán tenido que pasar un auténtico infierno. Las mafias suelen pactar con las policías de los países de origen un porcentaje, que puede ser del 30 %, de "mulas" que, desde el principio de su viaje, están marcadas para ser apresadas por las fuerzas de seguridad, según informa un cooperante con amplia experiencia en el trabajo de campo en Latinoamérica.

El resultado es que una persona con dificultades económicas se aferra a un sueño sin ser consciente de que tiene al menos un 30 % de probabilidades de caer a la primera. Luego hay que entrar en España, entregar la carga y cobrar, algo nada fácil.

Carmen Comas recuerda el caso de una española, ya en libertad, que ha pasado ocho años hacinada en una cárcel de Tailandia donde nadie hablaba inglés, donde "dormía en el suelo, pegada a otras internas como las sardinas en una lata, y solo comía arroz blanco. O el caso de un hombre que se prestó a una operación de narcotráfico para pagar una operación en Estados Unidos, por una enfermedad rara, para su hija, y que también resultó detenido".

"Por supuesto, también los hay con historial delictivo. Pero todos necesitan, por encima de todo, al consulado español más próximo -añade-. Y el desempeño de los consulados, como señala el Defensor en su último informe, es dispar. Algunos cumplen muy bien, pero otros no lo hacen".