Decenas de periodistas asisten al acto de cierre del hospital de campaña del recinto ferial de Ifema . EFELa actual crisis por la COVID-19 está agravando las amenazas sobre la libertad de expresión y de prensa, según los especialistas de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) dado que "se partÃa de una legislación restrictiva y las circunstancias actuales no favorecen la transparencia".
La Facultad de Derecho de la Universitat organiza este jueves, junto con la Plataforma PDLI, dos mesas redondas en lÃnea con especialistas de diferentes ámbitos para hablar sobre la libertad de expresión y periodismo en tiempo de pandemia.
Según ha explicado a EFE la secretaria general de la PDLI, la periodista especializada en tecnologÃa y ciberactivismo Yolanda Quintana, esta plataforma es el socio en España del Centro Europeo por la Libertad de Prensa, un organismo encargado por parte de la Comisión Europea de la vigilancia respecto a posibles ataques a la libertad de información.
Se trata de una organización "transversal", según Quintana, que aglutina tanto a medios de comunicación y periodistas, como a especialistas en Derecho y profesores universitarios, y que tiene como objetivo el análisis, por ejemplo, de determinadas acciones comunicativas o leyes sobre control de medios públicos para observar si se ajustan a los estándares internacionales o si incurren en la posible violación de algunos derechos.
En España, una de las principales amenazas a la libertad de expresión, según Quintana es la conocida como "ley mordaza" o la existencia en el Código Penal de determinados delitos como el de injurias a la corona.
"La ley mordaza concede a la policÃa una gran poder discrecional en la imposición de multas, quizá eso explica el elevado volumen de sanciones de España, muy por encima de otros paÃses. Antes de la crisis ya partÃamos de una situación precaria en este ámbito, y la situación se ha agravado con el estado de alarma", señala esta especialista.
"Por señalar otro ejemplo, la ley de transparencia se encuentra muy mermada, porque los plazos de derecho de acceso han quedado suspendidos y, en definitiva, depende de que el Gobierno de turno quiera ofrecer determinados datos o no".
Preguntada por la censura en redes sociales, Quintana ha explicado que "lo que nos preocupa es que de forma declarada el Gobierno monitoriza las redes sociales a través de las Fuerzas de Seguridad, y eso produce un efecto desaliente, es decir que ejercemos la autocensura para no ir a la cárcel por un rap o una viñeta. Además, el Supremo ya señaló que las 'redadas prospectivas' en la red son ilegales. Cuando alguien comete un delito se persigue, pero una vez se ha cometido".
Sobre los organismos de verificación de datos, la PDLI considera que "son esenciales en el actual ecosistema informativo, siempre que respondan a unos estándares internacionales que establecen cómo deben funcionar" y no cree que ejerzan ninguna labor de censura "en absoluto".
"Las plataformas privadas de comunicación tienen derecho a eliminar un contenido o una cuenta si no cumple con sus condiciones o con sus exigencias para utilizar el servicio que ofrecen. Existen canales alternativos de comunicación, de modo que eso no supone censura alguna", concluye Yolanda Quintana.
