La exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y PolÃticas Inclusivas, Mónica Oltra. EFE- Manuel Bruque-Archivo
La acusación particular que ejerce la representación legal de la menor vÃctima de abusos sexuales por el exmarido de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pide para ella en su escrito de acusación una pena de 3,5 años de prisión por los delitos de malversación y contra la integridad moral supuestamente cometidos al intentar encubrir los abusos.
Pide también para los miembros del equipo de Oltra penas de entre un año y medio y tres años de prisión por delitos de abandono de menores, prevaricación, malversación y contra la integridad moral, mientras que para la exvicepresidenta se pide también 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el pasado mayo el procesamiento de Oltra y de parte de su equipo tras desestimar los recursos de apelación de varios de estos trabajadores (la exvicepresidenta ni recurrió ni se adhirió a los otros) contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado "por imperativo legal" en cumplimiento de la orden de la misma Sección Cuarta de la Audiencia de que se reabriera la causa.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la vÃctima de los abusos- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobierna-te- contra el archivo provisional dictado el 2 de abril del año pasado por el Juzgado.
En el escrito de acusación presentado ahora por la acusación particular explica que cuando la menor comunicó a la psicóloga lo que estaba sufriendo, esta le dijo que "dejara de hacer el bobo" y emitió un informe en el que señalaba que no habÃa "ningún indicio a partir del cual pudiéramos investigar la posibilidad" de que existieran abusos sexuales.
La representación de la menor destaca la voluntad de los funcionarios de "mantener la discreción sobre la identidad del abusador" porque afectaban a Oltra y no se comunicó la situación a las instancias pertinentes. Fue cuatro meses después cuando la menor lo comunicó a la PolicÃa Nacional y estos a su vez a la FiscalÃa.
Una vez judicializados los hechos, los acusados, "idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias y obstaculizar la acción judicial".
Añade que se emitió un informe encargado por el centro que es un "ejemplo lacerante de victimización secundaria" y un "instrumento de descalificación de la vÃctima y defensa del victimario, al que se protege". Tras un "cúmulo de despropósitos -que supusieron un trato vejatorio, lesivo y humillante para la menor- finalmente se dictó sentencia condenatoria.
Su representación legal explica en el escrito que "desde el primer momento la niña se vio desatendida en su queja, obligada a convivir con el "educador" abusador durante cinco meses, vilipendiada, interrogada como si fuera ella la delincuente y no la vÃctima, conducida esposada al juicio y abandona a su suerte. Ni se le facilitó el tratamiento psicológico recomendado ni tuvo la asistencia jurÃdica que, como menor tutelada, debÃa dispensarle la AbogacÃa de la Generalitat".
Por su parte, una de las acusaciones populares, la asociación Gobierna-te, entidad de la exmiembro de Vox, Cristina SeguÃ, ha presentado su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE y en el que se pide para Oltra y su equipo una pena de prisión de 6 años por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento.
En el escrito de acusación de la entidad se sostiene que la exconsellera, junto a las entonces directora general, la subdirectora, la directora territorial y los funcionarios, "consintieron y promovieron" la incoación de un expediente para investigar los abusos que se cometieron para "interferir en el normal desenvolvimiento del proceso judicial".
PretendÃan, añade el escrito, "obstruir el proceso penal y desacreditar la credibilidad de la menor denunciante", todo ello "usando los medios y recursos de la Administración pública valenciana".
Asimismo, sostienen, esta actuación administrativa "derivó en una desviación de fondos públicos hacia finalidades privadas, toda vez que, por cada uno de los informes psicológicos emitidos, la ConsellerÃa abonó al Instituto Espill la cantidad de 405 euros más el correspondiente IVA".
Para Gobierna-te estos hechos constituyen delitos de abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento, y de ellos considera autores a Oltra y a 10 exmiembros de su equipo, además de un delito de abandono de menores del que considera autor a otra procesada, para la que pide un año de prisión.
Para Oltra y sus excolaboradores, además de los 6 años de prisión, pide inhabilitación absoluta de 10 años, asà como inhabilitación para cargo público de 15 años.
