La exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano Salomé Pradas. EFE-Biel Aliño-ArchivoLa defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa penal sobre la gestión de la dana, ha insistido este viernes a la jueza de Catarroja que instruye el caso sobre la necesidad de unificar las acusaciones para agilizar el proceso.
En un escrito el letrado Eduardo de Urbano argumenta que "dada la situación actual del procedimiento -con más de 40 partes personadas- y teniendo en cuenta las inhibiciones que se están produciendo de otros juzgados en este, se hace más que necesaria la unificación en aras de salvaguardar debidamente el derecho de defensas".
Sobre las acusaciones populares, menciona que la jurisprudencia al respecto "reconoce que no se les debe conceder el privilegio de actuar separadamente dado que el fin que persiguen en cualquier procedimiento, sin perjuicio de que representen ideologías o intereses distintos, es el mismo".
En referencia a las particulares expone que "si bien cada una de ellas está condicionada por unos hechos concretos, el interés final, común a todas ellas, es el esclarecimiento de las causas que llevaron a tan lamentable resultado y por ende, a su correspondiente reparación, por lo que su unificación estaría igualmente justificada".
Al igual que ha planteado el abogado del ex secretario autonómico Emilio Argüeso, el letrado de Pradas plantea que "parece razonable que sea su señoría quien confiera un plazo a estas para decidir quién ejercerá una representación única, y en su defecto, se nombre a la primera que se personó en el procedimiento", en este caso Podemos.
Sobre las acusaciones particulares plantea "una representación conjunta ejercida por dos letrados y procuradores".
La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha ratificado su decisión de no citar como investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o al que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.
En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en esta causa, contra la decisión de no investigar a esas y otras personas, a las que se ha citado como testigos.
En concreto, la jueza rechazó en ese momento la pretensión de Argüeso de que se citara a declarar como investigados, tanto a Polo y a Basset, como a una jefa de servicio de coordinación del 112 y una técnica de comunicación de Emergencias, una decisión que ahora ratifica.
Considera la instructora que Argüeso "no ostenta legitimación al objeto de interesar la declaración como investigado de otra persona, máxime si atendemos al hecho de que el Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso".
Cree que eso es "más que suficiente para la desestimación de la pretensión" del investigado, pero añade también que "las conductas que se atribuyen" a esas personas "no poseen encaje en la posición de garante respecto de los homicidios y lesiones imprudentes, en el sentido desarrollado por auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 19 de mayo de 2025".
Además, alude a una "cuestión de simple orden lógico y coherencia interna argumentativa", pues si la defensa considera que "no hay delito alguno, carece de lógica citar como investigado a nadie".
"La argumentación de que no hay delito es incompatible con la pretensión final" de que haya otros investigados, indica la jueza, que apunta que "los argumentos de quien pretende su exoneración no poseen por sí mismos carácter incriminatorio respecto de otras personas".
