Los tres acusados al inicio del juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. FOTO P. V.
El abogado de Carlos Julián y su mujer y Sancho. FOTO P. V.
Infografía de la investigación. ANDRES GARCIALa 'trama de las asesorías', que investiga una red dirigida por el ex secretario de Canet, José Antonio Sancho, para esquilmar varias arcas municipales, se ha dividido en 15 piezas, una de las cuales se juzga en la Ciudad de la Justicia y analiza el presunto desvío de fondos de una subvención de la Junta de Andalucía a inmigrantes a través del Consorcio Pangea. La Fiscalía pide 7'5 años de cárcel para su cabecilla y para los otros dos acusados, el ex concejal Carlos Julián y su mujer, Adoración Zamora, por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y oficial y blanqueo de capitales.
La defensa de los tres acusados fracasaron en su intento de convencer al juez de que no falsificaron una factura para cobrar una subvención de la Junta de Andalucía. El juicio, celebrado el jueves 26 de abril en la Ciudad de la Justicia, contó con numerosos testigos, tanto a propuesta del fiscal -al que Sancho no quiso responder preguntar-, como de los acusados, y concluirá el lunes 7 de mayo. El perito aportado por los acusados sólo pudo confirmar el informe aportado por la Guardia Civil, según el cual quedaría acreditado sólo la compra de un ordenador. Este intentó convencer al juez, sin éxito, de que el resto de material se habría llevado a la sede de otra empresa de Sancho.
La factura en cuestión asciende a 23.369 euros, realizada por Soluciones Dexfor, teniendo en un primer momento como administrador único a Carlos Julián y posteriormente a su esposa.
En el juicio volvió a quedar patente que Sancho ejercía un control total en varias empresas creadas al efecto para saquear administraciones públicas en beneficio propio, como la Academia Valenciana de Juristas o el Consorcio Pangea. Así, varios ex trabajadores y colaboradores de Sancho explicaron al fiscal y el juez que firmaaban ''lo que decía Sancho porque confiaba ciegamente en él y por no contrariarlo''.
Las preguntas del fiscal fueron especialmente incisivas respecto al número de personas que trabajaban para la Asociación y el Consorcio Pangea, siendo en el último año una sola persona en la Asociación, Gema Pedrós, quien dio respuestas vagas respecto a si vio más material informático y acreditar que podía confirmar que a ella le renovaron su ordenador. Como testigos también fueron tres ex trabajadores y estrechos colaboradores de Sancho, los abogados Ignacio Sancho Moscardó, Juan Jesús Gilabert y Ramón Llopis Cotanda, quienes a su vez fueron fundadores de la Academia Valenciana de Juristas, otro chiringuito dominado por Sancho que se había introducido en administraciones como el Ayuntamiento de Canet o el de La Pobla de Farnals.
Sancho Moscardó aseguró no ser consciente de constar su firma en la petición de la subvención, alegando que firmaba lo que le pedía su superior Sancho Sempere. ''Firmábamos lo que nos pedía el señor Sancho por una cuestión de confianza, por la dependencia jerárquica y por no contrariarlo'', señaló. Juan Jesús Gilabert, quien se fue al borde de las lágrimas al terminar su testimonio, aseguró no haber sabido que era tesorero de Pangea, ni siquiera miembro, pero reconoció su firma en varios documentos ''porque tenía fe ciega en Sancho''. De hecho, aseguró haberse enterado de ser miembro de Pangea en pleno procedimiento. ''Sancho tenía distintas asociaciones. Nos puso en las mismas. Le he firmado porque confiaba ciegamente en él''.
El fiscal acusa a Sancho y a Julián de hacer una factura "falaz" para recuperar más de 16.300 euros de la subvención. Según el fiscal, esta cantidad de dinero -16.359,30 euros- pasó de la empresa del ex edil del PP, Soluciones Dexfor SLN, a la sociedad Millena III Milenio -cuyo administrador único era Juan José Sánchez pero controlaba Sancho-, con lo que el ex secretario de Canet "se hizo con la práctica totalidad de la subvención obtenida". Los acusados argumentaron que la factura correspondía a cuatro años de asesoramiento que Sancho había ofrecido a la familia de Julián por unas cuestiones inmobiliarias en Marbella, coartada que intentaron defender los acusados con un testigo, Jesús Soriano Sellés, presentado como ''intermediario financiero'', quien se refirió a ''cuatro o cinco inversiones de casi 300.000 euros en Marbella y otros municipios de Andalucía''.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, el acusado Sancho Sempere fundó el 7 de junio de 2002 la Asociación Pangea Arco Mediterráneo, sin ánimo de lucro, ejerciendo siempre el control sobre la misma, con sede en la calle Navellos 8-1-1 de Valencia. Dicha asociación arrendó el local al Consocio Pangea Arco Mediterráneo, controlado por Sancho desde el 9 de noviembre de 2001 a noviembre de 2011.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía aprobó la concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al ''arraigo, inserción y la promoción social de personas inmigrantes'', ocasión que aprovechó la Asociación Pangea para acceder a dicha subvención, que ''en ningún caso pensaba destinar a los fines sociales que señalaba la convocatoria, manifestando mendazmente para obtener dicho dinero que iba a desarrollarse una actuación en Andalucía, que eran programas y material informático para su correcta utilización para actividades de la Asociación en Andalucía, señalando como técnicos que iban a participar en el programa a 6 hombres y 14 mujeres y que los equipos informáticos se iban a utilizar para evaluar las correcciones que realizan a través del proyecto de desigualdades de género, indicando expresamente que con los equipos informáticos se van a beneficiar los inmigrantes del territorio andaluz''.
Todo ello fue mentira. La subvención se recibió y se justificó con una factura por dicho importe a cargo de la empresa de Carlos Julián y su mujer, pero el material informático nunca se encontró.
José Antonio Sancho intentó convencer al juez de que el material se compró y no se llevó al Ayuntamiento andaluz de La Mojonera porque éste finalmente se salió del Consorcio y que los servicios de asesoría a inmigrantes se ofrecían en los propios Ayuntamientos del Arco Mediterráneo que formaban parte del Consorcio, que fue quedándose cada vez con menos miembros, hasta que sólo estuvieron Ibiza, Canet y Rafelbunyol hasta su disolución. Carlos Julián explicó que fue técnico informático del Consorcio de 2000 a 2006 gracias a Sancho y se le escapó un elocuente ''el objetivo de la asociación era coger subvenciones'' e intentó defender que se entregó todo el material, distribuido entre la calle Navellos y la de Almirante, 1, sede de la Academia Valenciana de Juristas. El hecho de que el material se llevara a la Casa de Llanos lo justificó porque Canet tenía la presidencia cuando el chiringuito del Consorcio Pangea echó el cierre. Su mujer dijo no tener nada que ver con la factura objeto de la investigación y que tomó las riendas de la empresa cuando su marido tomó posesión como concejal.
De hecho, entre los testigos estuvieron los guardias civiles que iniciaron la investigación de la 'trama de las asesorías' y acreditaron que sólo consta de la factura un equipo informático (torre, pantalla y teclado tasados en 46,50 euros), que aparecieron tras la disolución del chiringuito en la Casa de Llanos, un edificio público de Canet donde se trasladó el material, la documentación y el mobiliario de la Asociación y el Consorcio, cuyo último presidente fue precisamente Carlos Julián. La nota jocosa vino de la mano del ex edil cuando a la pregunta de dónde estaba un portátil comprado con la subvención, éste contestó: "Pregúntale a Sancho Sempere, el portátil lo llevaba en el barco y se le cayó por la borda".
Para intentar convencer a su señoría de que se compró todo el material que consta en la factura, a los informes oficiales de la Guardia Civil, los acusados presentaron como testigo a otro perito que, finalmente, vino a coincidir con el informe de la Guardia Civil. La estrategia de defensa pasaba por convencer al juez de que en otro local de Sancho, en la calle Almirante 1 -próximo a Navellos, en pleno centro de Valencia-, se llevó el resto del material, pero el juez desestimó esta parte del perito independiente al no constar inspección oficial.
Otro de los testigos fue el alcalde de Canet, Leandro Benito, quien respondió al fiscal que a él le gustó tan poco Pangea que optó por no presidir esta entidad cuando Sancho se lo pidió. ''Carlos Julián me dijo que él podría relanzarla''. Respecto al material que llegó a Canet, aseguró que se le informó pero no tuvo más responsabilidad ni supo nada de Pangea hasta que lo llamó un día la Guardia Civil para que le abriera la Casa de Llanos.
Entre los testigos aportados por los acusados que participarán el 7 de mayo está Jesús de Obeso, María Isabel Jiménez -amiga íntima de Sancho- y Carlos Platón Sáez, concejal de IPC y ex presidente del PP.
