La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril ha requerido al Ayuntamiento de Torrent que anule la Junta de Gobierno del 23 de diciembre de 2016 por la que aprobó provisionalmente el Catálogo provisional de Puestos de Trabajo.
La Delegación de Gobierno entiende que el acuerdo adoptado por el gobierno socialista de Torrent vulnera la legalidad vigente en cuanto a la normativa presupuestaria y en cuanto a la normativa de la función pública. Este acuerdo incrementaba el sueldo de la plantilla de urbanismo en 129.512,22 euros.
El informe de la intervención municipal y el de la Delegación de Gobierno, ya advierten que el incremento retributivo es superior al 1% permitido por la Ley de Presupuestos Generales de 2016.
El Secretario de la Administración General, también advertía que no se le había remitido el expediente para su función de fiscalización previa a la realización de la Junta de Gobierno.
La Portavoz del Grupo Popular, Amparo Folgado, tras pasar por la mesa de negociación, ya denunció el 21 de septiembre de 2016 que "en el expediente aparece un informe en el cual se advierte de la improcedencia de las actuaciones que se van a realizar".
El gobierno de Torrent asegura que la decisión contaba con los informes favorables de Intervención y el departamento de Personal y que la situación no ha generado ningún coste para las arcas municipales, ya que dependía de la aprobación de los presupuestos y del catálogo de puestos de trabajo del Consistorio.
A pesar de las advertencias del Partido Popular y también de los sindicatos, en concreto Comisiones Obreras, el gobierno de Jesús Ros lo aprobó en Junta de Gobierno el 23 de diciembre de 2016. Los populares también denunciaron que "incrementar el sueldo a solo 30 funcionarios del Ayuntamiento, era un agravio comparativo con el resto de la plantilla".
Tal y como indica el informe de la intervención municipal, hay incrementos de sueldo de hasta el 97% solo para los funcionarios de la delegación de Urbanismo. En algunos casos los incrementos de sueldos llegan a ser de 20.000 euros anuales.
Según indica la portavoz de los populares, Amparo Folgado "no está justificado el incremento de sueldo para que lo haga en ese porcentaje tan elevado, ni existe una avalancha de obras y licencias urbanísticas que lo justifiquen". Además, también señala que "con 130.000 euros se podrían crear muchos puestos de trabajo y el acuerdo de la junta de gobierno solo creaba uno y el resto se destinaba a aumentar sueldos".
La portavoz del PP, Amparo Folgado denuncia que "la delegación de personal demuestra una actitud errática y sin criterio de gestión para el personal municipal", ya que "se limitan a subir sueldos de manera arbitraria y sin justificación". También subraya que "ahora la Junta de Gobierno de Ros tiene que anular su propio acuerdo por ser ilegal, antes del 7 de abril".
En este sentido, fuentes municipales del gobierno local han explicado a este periódico que ahora analizarán el requerimiento de Delegación de Gobierno y actuarán en consecuencia.
