La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha anunciado que en las próximas semanas convocará el Consejo Autonómico de Seguridad para poner en marcha el "Grupo de Trabajo de Seguridad en el Ámbito Rural". El objetivo de esta convocatoria será atender el incremento de las infracciones penales en el campo, en concreto las relacionadas con el robo de cobre de los pozos de riego, la sustracción de la fruta o del material propio de los agricultores y ganaderos
La delegada que se ha reunido con la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, ha indicado que "en el último trimestre, con motivo de la crisis, se han incrementado un 27% las infracciones penales en el campo", en relación al trimestre anterior, pasando de 563 infracciones penales a 771. Sánchez de León ha manifestado que la finalidad es "intensificar la acción en el campo para reducir la conflictividad".
Esta comisión está integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las asociaciones Unió-Coag, Ava-Asaja, UPA, así como de la conselleria de Gobernación, y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, entre otros.
Sánchez de León también ha trasladado a Bastidas, "la importancia de convocar juntas locales de seguridad en todos las localidades con capacidad para ello porque es un instrumento muy útil de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad". En estos momentos 125, de los 280 municipios dotados con Policía Local, no han puesto en marcha las juntas locales de seguridad.
La delegada ha indicado que su propósito para esta legislatura es "que los 280 municipios dispongan de este mecanismo que tan buenos resultados ofrece para la seguridad de todos".
Este instrumento, según ha añadido la delegada, "nos permite analizar la evolución de la seguridad en cada uno de los municipios y, por tanto, elaborar planes locales de seguridad adecuados a cada particularidad."
