El diputado de Compromís, Vicent Marzà, durante su intervención en la sesión de control parlamentario en Les Corts Valencianes al president de la Generalitat, Ximo Puig. EFE-Biel Aliño
La gestión de la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad ha enfrentado este jueves en el pleno de Les Corts Valencianes al president de la Generalitat, Ximo Puig, con el PP y con Vox.
La primera en interpelar al president del Consell ha sido la síndica del Partido Popular, María José Catalá, quien ha abierto su intervención dando la bienvenida a la nueva vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, y asegurando que hace "un año, tres meses y 10 días" que Puig debía haber destituido a Oltra.
Catalá le ha instado asimismo a tener "la dignidad y decencia de pedir perdón" a la menor tutelada que sufrió los abusos, y su compañera de grupo, Elena Bastidas, le ha preguntado si va a pedir a la Abogacía de la Generalitat que se persone en el caso.
El president ha respondido al PP que pide perdón todos los días a todas las personas a las que el Gobierno valenciano no da un servicio adecuado, porque el suyo no es "un gobierno soberbio".
Del mismo modo Puig ha defendido que "cuando hay que poner por encima el interés general, lo pone", y por eso, ha agradecido a Oltra que haya mostrado "esa dignidad que los 135 condenados que ustedes tienen -en referencia al PP- nunca hicieron".
Al respecto se ha pronunciado también el portavoz adjunto de Compromís Vicent Marzà -en sustitución de la síndica del grupo, Papi Robles, por encontrarse enferma- quien ha dado las gracias a Mónica Oltra por su "generosidad dejándose la piel para mejorar la vida de los más vulnerables" y "por hacer posible que haya un gobierno de izquierdas en este país".
La síndica de Vox, Ana Vega, por su parte ha acusado a Ximo Puig de no haber cesado a su vicepresidenta por "cobardía" y porque "le tiene demasiado aprecio a las dependencias del Palau y a ese sillón azul", y le ha pedido que "agache la cabeza y pida perdón".
La situación económica actual, ante el aumento de la tasa de inflación, ha centrado el resto de la sesión, en la que Marzà ha defendido que "el Botànic es ahora más necesario que nunca", con un gobierno de coalición que ponga por delante la mayoría social trabajadora.
Al respecto, Puig se ha mostrado seguro que seguirán juntos en este proyecto y ha afirmado que la agenda valenciana es "irrenunciable" y pasa por "el cumplimiento estricto del Estatut y de todo lo que tiene que ver con la inversión y la financiación".
La reforma del sistema de financiación se la ha pedido Puig al presidente del Gobierno "por activa, pasiva y perifrástica" y también al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que envió una carta, que no ha respondido, en la que le pedía que llevara a la realidad lo que dijo como presidente de Galicia.
La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha instado a Puig a "predicar con el ejemplo", a dejar de dedicar recursos a "políticas prescindibles" y le ha pedido "menos impuestos, menos ideología y más pragmatismo y gestión".
Puig le ha respondido que la Comunitat Valenciana ha sido la que más medidas ha lanzado a pesar de nuestras dificultades de financiación" y ha he hecho un llamamiento a Cs para contar con su ayuda y seguir trabajando en esta dirección.
Entre las medidas puestas en marcha ha destacado la ayuda de 300 euros a 150.000 autónomos de la Comunitat, que se aprobará mañana en el pleno del Consell.
Puig ha anunciado también hoy que el Gobierno valenciano dejará de cobrar el canon de saneamiento durante seis meses para hacer frente a las consecuencias que está teniendo sobre la familias la crisis generada por la guerra en Ucrania, lo que supondrá un ahorro global para las familias de 139 millones de euros.
La sesión de control ha finalizado con la intervención de la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, que ha preguntado al president si el Botànic debe exigir el aumento de la contribución a las arcas públicas de aquellos sectores que están obteniendo beneficios extraordinarios en un momento en el que la inflación está castigando al conjunto de la ciudadanía.
Puig ha defendido al respecto la necesidad de hacer una política económica "prudente que no deje caer a los más vulnerables".
